La Gerencia de Urbanismo acaba de suspender de forma temporal la licencia de obras para que la Xunta reforme los antiguos juzgados de la calle Lalín para ubicar en ellos un centro para las asociaciones de la ciudad.
La razón de que desde el gobierno local se haya tomado esta medida es que, según consta en el expediente, tras conceder la licencia, se tuvo conocimiento de que el titular registral de dicho inmueble, ubicado en la calle Lalín, 4, es el propio Concello de Vigo, y no la Xunta.
La reacción del Ejecutivo autonómico no ha tardado en llegar y ha respondido que tanto el edificio como la parcela fueron dados de alta a nombre de la Administración autonómica que, el año pasado, pagó por ellos al Concello de Vigo un total de 41.240 euros en concepto de IBI. «Esto es una nueva prueba de que el Concello de Vigo, el alcalde mejor dicho, siempre necesita un enemigo exterior con el cual estar en continuo enfrentamiento», ha lamentado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, tras ser preguntado al respecto por los periodistas.
Así, el representante autonómico ve en este giro de timón de la Administración local viguesa una decisión política del alcalde de la ciudad, Abel Caballero. «Es un ejemplo más de lo que está pasando en Vigo en los últimos tiempos«, ha lamentado Calvo, que ha pedido al regidor vigués que «abandone» esa postura porque, ha recordado, «no beneficia ni a Vigo ni a las entidades sociales de Vigo». Estas últimas, ha recordado, son las que se beneficiarán de la reforma de los juzgados de la calle Lalín, que cuentan con una inversión de la Xunta de 24 millones de euros que ahora, tras esta suspensión de la licencia, «se retrasará».
«Yo le pediría que dejase de ver un enemigo en la Xunta de Galicia. Si la Xunta quiere invertir en Vigo no es para atacar al alcalde, sino para mejorar la calidad de vida de los vecinos y, que, por lo tanto, como en otras ciudades ponen un puente de plata para hacer inversiones, en el caso de Vigo, si la Xunta tiene un proyecto, debería aplaudirlo, en lugar de poner trabas todos los días», ha concluido Calvo.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, María José Caride, ha indicado que la Xunta de Galicia tenía constancia de que el inmueble en el que se iban a iniciar las obras es de propiedad municipal ya que, ha asegurado, así se lo han transmitido desde el Registro de la Propiedad.
Así, según ha recordado, no se trata de una anulación, sino una suspensión temporal para que la Xunta pueda acreditar la titularidad del inmueble. Así, Caride ha explicado que se tuvo conocimiento de esta circunstancia tras conceder la licencia, por lo que ahora se ha tomado la decisión de suspenderla, «no de anularla», a la espera de que se resuelva la situación. «Puede generar responsabilidades administrativas o legales» para el Concello, justificó la edil socialista.
De hecho, ha insistido en que no se pueden acometer las obras porque fue traspasado por parte del Ministerio de Justicia «para que fuese Palacio de Justicia» y, dado que las obras de reforma cambiarán ese uso, se suspende la licencia «para que no suponga un perjuicio para el interés público municipal».
Ahora se ha abierto un plazo para determinar la situación jurídica del inmueble y se garanticen los derechos de las partes implicadas.
Reacción inmediata de la Xunta
Tras conocer la decisión de la Gerencia de Urbanismo, la respuesta desde el Ejecutivo gallego ha sido inmediata y, además de las declaraciones del conselleiro Diego Calvo, que ha atribuido la decisión a intereses políticos, también se ha alegado a los argumentos esgrimidos por el Concello para suspender la licencia.
De hecho, a través de un comunicado ha explicado que tanto la parcela como el inmueble están registrados en el Catastro como bienes de la Xunta y que, por tal motivo, acaban de abonar al Concello de Vigo un IBI por 41.240 euros.
Al respecto, han recordado que, hace casi un año, el 16 de febrero de 2024, se solicitó al licencia y que, tras varios requerimientos que fueron enmendados, se otorgó la licencia nueve meses después, el 29 de noviembre.
«El edificio de los Juzgados de Vigo en la calle Lalín fue transferido por el Estado en propiedad y sin vinculación de destino«, subrayan desde el Ejecutivo autonómico que precisan, de hecho, que «el Real Decreto 2166/1994, del 4 de noviembre en materia de justicia, en el apartado de situación jurídica, expresamente establece que es propiedad del Estado«.
Independientemente de ello, la Xunta ha subrayado que «tanto la parcela como el edificio fueron dados de alta en el Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma sin condicionamiento de ningún tipo en base al Real decreto de transferencias. En base a este real decreto, añade, el inmueble «se dio de alta en el Catastro inmobiliario a nombre de la Xunta de Galicia», motivo por el cual han pagado el correspondiente recibo al Concello de Vigo.
