De este modo, explica Fidalgo, el ejecutivo local no hace sino “dar la razón al Partido Popular”, que denunció desde un primer momento los errores que se estaban cometiendo en esta adjudicación y los problemas que la misma iba a acarrear.
“Asumen el Gobierno municipal, el alcalde y el concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas, que han metido la pata hasta el fondo y que no se tenía que haber dado el contrato a la empresa Althenia, tal y como dijimos desde el principio”, subraya Fidalgo.
En este contexto, apunta el concejal popular, la nulidad del contrato supone “devolver el proceso al período de verano del año pasado con otras empresas con mejores ofertas, con lo que, en 6 meses, habrán pasado 3 compañías distintas por el mantenimiento de zonas verdes”.
Así, desde un primer momento el tribunal administrativo central de recursos contractuales del Ministerio de Hacienda ordenó, a petición de la firma Valoriza -una de las dos expulsadas del concurso por una supuesta baja temeraria en su oferta-, la paralización de dicho contrato con Althenia. Estos hechos fueron ratificados posteriormente en el mencionado auto del TSXG, y ahora, al aceptar el Gobierno municipal esta nulidad, “volvemos a la situación original”.
“Al final será la empresa Valoriza la que asuma la gestión de este contrato”, apunta Fidalgo, quien considera que “el alcalde y el concejal deberían de pedir perdón, no sólo al PP sino también a los ciudadanos y a todos los trabajadores y trabajadoras de Parques y Jardines”.
En este sentido, Miguel Fidalgo ha denunciado la situación que están viviendo los trabajadores, que “observan cómo su puesto de trabajo está cambiando de empresa y no saben a qué atenerse”. “No saben quiénes son sus jefes, pero lo que sí que saben es que la gestión del ayuntamiento de Vigo, y de esta área de parques y jardines, es muy mejorable”, ha incidido.
No en vano, y como ha recordado el concejal popular, a esta mejorable gestión hay que sumarle el oscurantismo con que se ejerce, como demuestran las negativas a facilitar información, las sospechas judiciales que se ciernen sobre la política de contrataciones, así como las dudas que arrojan los procedimientos judiciales abiertos al concejal responsable.
