La Comisión Europea informó este jueves de que ha decidido enviar una carta de emplazamiento a España para «garantizar la correcta aplicación de las normas de la UE en materia de contratación pública y contratos de concesión». La autoridad comunitaria considera que España han ampliado la duración de la concesión de la Autopista del Atlántico (AP-9) hasta 2048 sin iniciar previamente procedimientos de licitación.
Según el Derecho de la UE, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación. «España ha ampliado la duración de la concesión de la autopista AP-9 sin iniciar previamente un procedimiento de licitación pública», asegura la Comisión. Por consiguiente, considera que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las normas de contratación pública de la UE, en particular en virtud de la Directiva 93/37/CEE.
España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión; de no hacerlo, la Comisión podría optar por enviar un dictamen motivado a España. La concesión de la AP-9 a la empresa Audasa se aumentó por tercera vez en el año 2000 con una prórroga máxima hasta 2048. Esta última ampliación es la que ahora se pone en tela de juicio. Sin ella, el contrato con Audasa habría acabado en 2013.
Caso italiano
Europa también cita el caso de Italia, que ya fue objeto de una sentencia dictada en septiembre de 2019, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que, al ampliar la duración de la concesión de la autopista a la «Società Autostrada Tirrenica p.A.» sin iniciar previamente un procedimiento de licitación, Italia había infringido la Directiva 2004/18/CE sobre contratación pública.
Dos años después de la conclusión del Tribunal de Justicia, parece que Italia aún no ha tomado medidas para garantizar la ejecución oportuna de la sentencia, por lo que la Comisión podría optar por llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
