En la Unión Europea, las regiones rurales representan el 44,6% de la superficie y en ellas vive el 20,8% de la población total de los estados miembros. A pesar de que suelen contar con abundantes recursos naturales, esta zonas se caracterizan por el envejecimiento demográfico, la despoblación, la falta de oportunidades laborales o la insuficiencia de infraestructuras.
Estas dificultades se traducen a menudo en pobreza energética debido a las desorbitadas tarifas energéticas, por lo que en diversos puntos de Europa comenzaron a surgir alternativas: las comunidades energéticas rurales, una respuesta de acción social y colectiva que apuesta por la producción de energías renovables y la venta de excedentes energéticos.
Para avanzar en su desarrollo, este miércoles el campus de Vigo acogió la celebración de la ‘Conferencia europea sobre Comunidades energéticas rurales: tendiendo puentes entre la acción local y la transición hacia energías limpias‘.
El simposio reúne 120 personas procedentes de 20 países, incluyendo representantes de comunidades energéticas y de grupos de acción local, personal investigador, asociaciones, organizaciones implicadas en comunidades energéticas, autoridades locales y regionales y personas comprometidas con la transición verde comandada por la ciudadanía.
Sinergias
La conferencia está organizado por el proyecto EC4Rural, liderazgo por la Universidad de Vigo, que tiene como objetivo transformar las relaciones entre las entidades locales, regionales y las comunidades rurales para contribuir a la transición energética limpia de Europa a través de una participación activa y justa.
La cita, con sede en la Facultad de Filología y Traducción, permitió generar sinergias, intercambiar experiencias y fortalecer nuevas redes para fomentar la colaboración entre las partes interesadas en el ámbito de las transiciones energéticas rurales y, especialmente, las comunidades energéticas en toda Europa.
Además, dado que el evento coincide con el ecuador del proyecto EC4Rural, sirvió también para mostrar los progresos alcanzados en los dos primeros años de trabajo de este consorcio de diez socios de tres países (España, Estonia y Bélgica) que echó a andar en septiembre de 2023 con un presupuesto de 1,6 millones de euros cofinanciados por el Programa LIFE de la Unión Europea.
Participación ciudadana
En el acto de apertura participaron la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidad de Vigo, Belén Rojizo; el presidente de la Federación Gallega de la Municipios y Provincias, Alberto Varela; y el responsable del proyecto, el catedrático de la UVigo Xavier Simón.
La vicerrectora puso en valor el espíritu que subyace en el proyecto EC4Rural, “conectar gente, territorio y conocimiento” para avanzar hacia “transición energética sostenible”. En este sentido, recordó que UVigo está plenamente alineada con la búsqueda de la sostenibilidad y la responsabilidad social, poniendo en marcha diferentes medidas de ahorro energético, relevo de fuentes tradicionales de energía por alternativas limpias y renovables o reducción de la huella energética. Esta estrategia, añadió, le sirvió a la UVigo para situarse en el GreenMetric World University Ranking en el puesto 262 del mundo y en el 11 entre las universidades españolas.
Por su parte, el presidente de la Fegamp recordó que la transición energética “dejó de ser una opción para convertirse en un deber ético, social y económica” y, en este contexto, las comunidades energéticas están demostrando que son quien de “transformar el modelo de producción, gestión y consumo de energía”.
Balance de dos años de trabajo
El congreso arrancó con la intervención de Antti Roose, de la Universidad de Tartu, y Xavier Simón, catedrático de la UVigo, investigador del Centro Interuniversitario de Investigación del Paisaje Atlántico, Cispac y coordinador de EC4Rural. Ambos se encargaron de actualizar la evolución del proyecto, que tiene una duración total de cuatro años y del que forman parte además de la UVigo, la Universidad de Tartu (Estonia), la Federación Gallega de Municipios y Provincias, la Asociación de Ciudades y Municipios de Estonia, la Agencia Regional de la Energía de Tartu, la cooperativa Sapiens Energía, la Unión LEADER de Estonia, Espazocoop, la Fundación Juana de Vega y la Asociación Europea de Grupos LEADER para el Desarrollo Rural, de Bélgica.
El proyecto comprende la puesta en marcha en Estonia y España de comunidades energéticas rurales que produzcan electricidad mediante paneles fotovoltaicos sobre tejados de edificios públicos. Está previsto el desarrollo de 34 casos de estudio en 12 municipios rurales de Estonia y 22 de Galicia, lo que implica actuar sobre cerca de 2.700 hectáreas y 94.000 habitantes.
El proyecto, explicaba Xavier Simón, se basa en tres pilares fundamentales. Por una parte, trabajar “de abajo a arriba, ya que la transición hacia energía limpia debe basarse en la cooperación activa a nivel local, impulsada por las comunidades energéticas locales”. Por otra parte, se trabaja asumiendo que “no existe una única solución aplicable para todos los casos”, sino que se deben adaptar las propuestas la cada circunstancia y lugar y, finalmente, el consorcio apuesta por trabajar de manera colaborativa y compartir el conocimiento.
No obstante, tras los dos primeros años de trabajo, reconocía Simón, “desafortunadamente no estamos en el punto en el que me esperaba estar, nos fuimos encontrando atrancos, pero también aprendiendo de ellos”. Estos problemas están mayoritariamente derivados de la características de estos entornos rurales, como la dispersión de la población, el envejecimiento, el bajo nivel de vida o la reducción de la superficie agrícola.
Por el contrario, apuntaban, Simón y Roose, estos entornos rurales son ricas en recursos naturales que, como en el caso de la energía solar, son “#gratuito” y ofrecen espacios en los tejados de los edificio público para la instalación de las tecnologías precisas “sin tener que competir con otro tipo de usos”.
Además, ambos expertos señalaron que la fotovoltaica es “una tecnología barata, más del que era hace 15 años”, y que se cuenta con una serie de marcos legales europeos, con transposiciones a nivel estatal, que amparan la creación de este tipo de comunidades. El único elemento que falta en esta ecuación, añadían, es la implicación de la ciudadanía, “esa es la principal barrera que nos estamos encontrando, necesitamos que la gente comience a tomar decisiones en cuestiones energéticas”.
