El Bloque Nacionalista Galego ha reclamado, una vez más, al Gobierno que atienda la demanda unánime del conjunto de la sociedad gallega y declare nula la concesión de la Autopista del Atlántico y ponga fin a los abusivos peajes.
Una «AP-9 pública, gallega y libre de peajes», tal y como reza el lema del BNG, que está más cerca de materializarse «si el Gobierno del Estado deja de ser cómplice de la empresa privada y renuncia a defender la legalidad de la concesión ante el expediente abierto por la Comisión Europea sobre la nulidad de la prórroga».
Asimismo, y mientras no se logra ese objetivo, Néstor Rego ha exigido que se aplique lo antes posible el incremento de las bonificaciones establecidas en el Acuerdo de Investidura conseguido por el BNG, así como implantarlas en la AP-53.
«No es de recibo que los gallegos y gallegas continúen pagando una autopista ya amortizada, sobre todo cuando la mayoría de las de su generación ya son libres de peajes después de 40 años de concesión» ha denunciado el diputado del BNG en el Congreso.
En este sentido, y ante la disposición de la Comisión Europea de dialogar y negociar una solución para evitar la judicialización del caso, el BNG entiende este momento como «una oportunidad para que el Gobierno del Estado y, en el concreto, el Ministerio de Transportes procedan a la rescisión del contrato con la actual concesionaria y poner fin a décadas de sobrepago».
Por tanto, la postura del diputado al respeto es clara y sencilla, según ha remarcado a través de un comunicado: «el BNG sigue reclamando, al igual que el conjunto de la sociedad gallega, el final de la concesión para que esta sea una vía de gestión gallega y poner fin a los abusivos peajes de esta infraestructura».
El Gobierno español, en opinión de Rego, debe reflexionar sobre las consecuencias de forzar el camino de la judicialización de este proceso y el coste para las arcas del Estado. «El Gobierno debe dejar de ser cómplice de esta estafa legalizada de una empresa privada que hace caja a cuenta de los gallegos y de las gallegas» subraya.
«El Gobierno no puede seguir defendiendo la legalidad de una decisión que considera injusta. Incluso cuando la propia Unión Europea insiste en que la resolución de prorrogar la concesión se adoptó para valorizar la autopista de cara a su privatización y que no cabe aplicar la excepción inhouse que defiende el Gobierno español», remarca.
Por tanto, Néstor Rego llama al ejecutivo estatal a rectificar su postura y tener presente, por ejemplo, el proceso judicial que llevó la anular en Italia la ampliación de la concesión en la autopista A-I2, Livorno-Civitavecchia, por no haber sacado a concurso las obras de prolongación de la carretera que prorrogó la explotación de la vía por parte de una empresa durante 18 años más. «La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo fue clara en este caso: anuló la prórroga» recuerda Rego.
Entre tanto, demanda Rego, el Ministerio de Transportes debe cumplir con el Acuerdo de Investidura conseguido por el BNG y «aplicar cuanto antes el incremento de las bonificaciones ya establecidas para las personas usuarias de la AP-9, así como implantar las noticias en la AP-53».
