El concejal popular Miguel Fidalgo asegura que el problema se recrudece en lugares muy transitados, como la Plaza de Compostela, el entorno del Náutico o Teófilo Llorente, afectando al descanso de los residentes en estas zonas, a su seguridad y también a la limpieza.
En concreto, padres con hijos pequeños residentes en las inmediaciones de la céntrica Alameda reconocieron este mismo fin de semana que no están pudiendo caminar ni jugar con sus menores en las zonas que por las noches son utilizadas por los jóvenes para concentrarse y beber “ante el aspecto insalubre que presentan por las mañanas”.
Recuerdan los populares que el pasado año ya se registraron múltiples quejas ciudadanas que motivaron reuniones con el gobierno municipal de asociaciones que representaban a residentes en calles como Teófilo Llorente, Joaquín Loriga, la zona del Náutico o la plaza de Compostela, situadas todas en espacios declarados ZAS (Zonas Acústicamente Saturadas), lo que implica que no se deberían conceder más licencias para locales de ocio susceptibles de incrementar el ruido.
Los vecinos apuntan a un incremento de esta práctica en diferentes puntos de la ciudad, como las inmediaciones del Marco, el entorno de la colegiata o las citadas áreas del Casco Vello.
En opinión de Fidalgo, el estado de estas zonas en calles transitadas por los turistas que llegan a Vigo en crucero ofrece además una “imagen lamentable del municipio a los visitantes”.
Ya en 2008, PSOE y BNG aprobaron una ordenanza para «reglamentar el uso de los espacios públicos por la ciudadanía, evitando usos excluyentes o abusivos que alteren gravemente la convivencia». Aquella normativa prohibía la «permanencia y concentración de personas en espacios abiertos del término municipal que se encuentren consumiendo bebidas de cualquier tipo o realizando otras actividades cuando alteren gravemente la pacífica convivencia ciudadana». Además, impedía repartir bebidas en la calle, hasta de modo gratuito, y, por supuesto, la venta de alcohol a menores de 18 años.
Los autores de las infracciones leves abonarían entre 300 y 750 euros. Las personas que sean acusadas de infracciones graves estaban obligadas a desembolsar de 751 euros a 1.500 y para las sanciones muy graves la multa ascendía a 3.000 euros. La reincidencia y la intencionalidad eran considerados factores determinantes.
El PP considera que las declaraciones y actuaciones del actual gobierno local se han convertido en meros «brindis al sol» o «duplicaciones” de normas que ya estaban en vigor, tanto municipales como las fijadas en los códigos penal y civil. “Lo grave –apunta el concejal Miguel Fidalgo- es que no se hagan cumplir pese a las denuncias de los residentes en las áreas más afectadas”. “El gobierno de Caballero lleva años sin actuar para garantizar el descanso, la seguridad y la limpieza en las zonas afectadas”, concluyeron.
