La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha llevado a cabo este miércoles el juicio contra el actual alcalde pedáneo de Bembrive, Marcos Castro González, como acusado de un delito continuado de prevaricación, por contratar y pagar el suministro de sidra para la fiesta anual de esta entidad local sin seguir los procedimientos legales.
En la vista, Castro González ha subrayado que en 2019 y en 2020 fue la entidad pública local la que se encargó de llevar a cabo esta gestión, que con anterioridad la realizaba la comisión de fiestas. A petición de esta, según sus palabras, se encargó la alcaldía que él dirige de realizar dicha gestión.
En su declaración, ha destacado que eran los vecinos los que pagan por anticipado la cantidad de sidra que querían y, como cada año, de una determinada marca: “Siempre se hizo así”.
Preguntando tanto por Fiscalía como por su propio abogado, el alcalde pedáneo de Bembrive ha explicado en varias ocasiones que debido a algunos problemas ocurridos en años anteriores, fue en 2019 cuando la entidad local menor comenzó a hacerse cargo de la compra de la sidra.
Así, se puso a disposición de los vecinos un número de cuenta, en el cual ingresaban la cantidad correspondiente al número de cajas de sidra de una determinada marca que querían, ya que todos los años se compraba la misma marca, Sidra Angelón.
Después, el día de la fiesta, se le entregaba a cada vecino la sidra que solicitaron. Se utilizó la cuenta bancaria de la entidad menor con el fin de que todo quedase reflejado en ella ya que, según explicó el acusado, en años anteriores algunos vecinos se habían quejado de que habían hecho el pago a la comisión de fiestas y no habían recibido la sidra.
Sin embargo, Fiscalía lo acusa de un delito continuado de prevaricación por actuar “con la intención de atentar contra los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidades y a sabiendas de su ilegalidad, en ejecución de un plan preconcebido”, por adjudicar de forma directa contratos de suministro de sidra a una empresa, para la celebración de la Fiesta de la Sidra que, cada año en octubre, tiene lugar en esta parroquia de la ciudad olívica.
El total del gasto ascendió a 250.000 euros (120.000 euros en 2019 y 130.000 euros en 2020), que el acusado fraccionó hasta en 17 facturas, con importes que oscilaron entre 7.297 y 17.908 euros, aunque la mayoría de ellas superaban los 15.000 euros.
Reparos de la interventora
La interventora de la entidad local presentó reparos a esas facturas “por tratarse de una adjudicación verbal sin base en contrato administrativo que sustente dicha contratación, no someterlo a su fiscalización previa y por prescindir totalmente del procedimiento previsto para la contratación de suministros que excedan de 15.000 euros”.
Sin embargo, el acusado levantaba sistemáticamente el reparo suspensivo y ordenaba los pagos, “a sabiendas del carácter ilícito”, según recoge la Fiscalía. Por estos hechos, el ministerio público lo acusa de un delito continuado de prevaricación y pide que sea inhabilitado durante 13 años.
Precisamente la interventora también ha acudido este miércoles a declarar en calidad de testigo. Ella ha indicado que sí avisó de que al ser una cantidad tan elevada, la legalidad dice que habría que llevar a cabo una licitación de la compra, en vez de adquirir una marca en concreto.
No obstante, ha reconocido que fueron los vecinos los que pagaron por adelantado la sidra de la fiesta y que le alcalde quería que todo pasase por la cuenta de la entidad para que quedase constancia.
Predecesor condenado
Cabe recordar que el predecesor en la alcaldía pedánea, Roberto Ballesteros, también fue condenado en tres ocasiones por prevaricación y otros delitos.
Así, fue condenado a 7 años de inhabilitación por retirarles las retribuciones a los vocales del PP en la Junta Vecinal. Posteriormente, fue condenado por pagar una obra que no se llegó a ejecutar, por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación; en ese caso la sentencia fue de dos años y dos meses de prisión, y 7 años de inhabilitación (y también fue condenado un constructor como cooperador necesario).
En marzo de este año, en una tercera causa, Roberto Ballesteros aceptó 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa, por la adjudicación de varias obras ‘a dedo’ por valor de casi 800.000 euros, entre 2013 y 2016. Ballesteros fue alcalde pedáneo de Bembrive por el PSOE desde 2011 a 2018, cuando dimitió.
