El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Vigo ha determinado que los servicios mínimos decretados durante las jornadas de huelga que convocaron en octubre los trabajadores de Vitrasa, empresa concesionaria del servicio de autobús urbano de Vigo, fueron abusivos y contrarios al derecho legítimo de huelga.
Así lo ha difundido este jueves la CIG en un comunicado en el que explica que el comité de empresa ha reclamado por carta al Gobierno local que reduzca el porcentaje de servicios mínimos que decretó para los paros parciales que la plantilla comenzó a realizar el pasado 20 de noviembre, los cuales se convertirán este próximo lunes, 13 de diciembre, en huelga indefinida si nada cambia por parte de la compañía.
La representación sindical entiende que estos servicios mínimos “desproporcionados” vulneran el derecho de huelga y únicamente atienden a los intereses de la patronal, tal y como constata la resolución judicial. Además, baraja la posibilidad de solicitar una indemnización por el perjuicio generado.
Por otra parte, el comité de empresa ha denunciado en Inspección de Trabajo las contrataciones realizadas en este período al entender que vulneran el derecho de huelga. Critica, además, que se estén reduciendo las frecuencias de paso e incluso eliminando líneas, lo que en su opinión, degrada el servicio “ante la pasividad del Gobierno local”.
BNG y Marea de Vigo
A la sentencia del contencioso administrativo han reaccionado este jueves los grupos municipales de BNG y Marea de Vigo. Los nacionalistas han exigido “una rectificación inmediata por parte del gobierno municipal” y han reiterado su llamamiento a que “deje de actuar como cómplice de la dirección de Vitrasa”.
Según su portavoz, Xabier Igrexas, “el Gobierno municipal y, singularmente, el alcalde tienen que disculparse ante el personal de Vitrasa y de la ciudadanos por un comportamiento intolerable por parte de un dirigente político que se dice progresista y de izquierdas” pese a que las sentencias “reiteran que vulnera los derechos fundamentales de huelga”.
«Destrucción de derechos laborales»
Por su parte, el portavoz de Marea, Rubén Pérez, ha alertado que “el gobierno de Vigo no puede ser un colaborador en la destrucción de derechos laborales “ y recuerda que es la “enésima sentencia que declara ilegales servicios mínimos” al tiempo que denuncia el “silencio permanente” de los concejales.
Pérez ha subrayado que el conflicto existe con una concesionaria municipal por lo que es necesaria una “tutela efectiva” por parte del Ayuntamiento que no se está produciendo. “Esta declaración de ilegalidades demuestra que empresa y ayuntamiento actúan de mala fe, que hay servicios mínimos encubiertos, que se está aprovechando para criminalizar la acción de los trabajadores”, ha dicho Pérez, quien ha anunciado que su grupo va a pedir responsabilidades políticas porque “el Ayuntamiento no actúa con suficiente diligencia con respecto a los derechos laborales”.
