El juzgado de lo Social 4 de Vigo ha desestimado una demanda de Vitrasa, empresa concesionaria del bus urbano en la ciudad, contra la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que le impuso una sanción por vulnerar el derecho a la huelga en 2023.
Los hechos se remontan a la huelga de agosto de 2023 en el servicio de bus urbano. A finales de ese mes, se comunicó a Vitrasa el acta de infracción de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, y la consellería impuso una sanción de 751 euros.
La resolución sancionadora se basa en el incumplimiento de la distribución de vehículos para atender a las diversas líneas, y en la falta de información al comité sobre la organización y los horarios establecidos por la empresa.
La jueza expone en su sentencia, de noviembre pasado (y contra la que no cabe recurso), que la empresa no tiene la facultad para imponer unilateralmente los servicios mínimos, sino que debe ceñirse a lo ordenado por la autoridad gubernativa, en este caso, el Ayuntamiento, que aprobó la resolución de servicios mínimos en mayo de ese año.
Sin embargo, Vitrasa combinó distintas líneas en varios de los vehículos para dar así más servicio. «Eso implicaría dejar en manos de la empresa la reorganización del servicio a su libre albedrío», señala la resolución judicial, que también apunta que Vitrasa informó tarde de ciertos aspectos organizativos, y solo cuando fue requerida por la Inspección. Por todo ello, ha desestimado la demanda.
