El grupo municipal del PSOE de Vigo ha rechazado este lunes debatir una moción de urgencia para dar explicaciones sobre la tramitación de los permisos para la celebración de fiestas en la ciudad, tras la polémica con las autorizaciones a feriantes y a comisiones de fiestas, y ha subrayado que el gobierno local hace cumplir la legalidad.
El grupo del PP había presentado una moción urgente para su debate en el pleno ordinario de este lunes, en la que reclamaba explicaciones por los problemas que están teniendo las comisiones de fiestas para celebrar los eventos.
El portavoz del grupo ‘popular’, Miguel Martín, ha recordado que el Ayuntamiento ha negado autorizaciones en base a una normativa que ya el año pasado estaba vigente, sin que se pusieran problemas para la instalación de atracciones.
Tras el anuncio de la comisión de fiestas de Coia de que no podría celebrar los actos previstos, y el posterior acuerdo con el Ayuntamiento para sí llevar a cabo las fiestas (con el compromiso de que la administración local sufragará las pérdidas por las atracciones que no cumplan la normativa y no puedan instalarse), Miguel Martín ha preguntado qué pasará con el resto de eventos previstos, como las fiestas de Bouzas. «¿Pagará el Ayuntamiento con fondos públicos la incompetencia del gobierno local?», ha cuestionado.
Finalmente, ha recordado que «el que incumplió la ley fue el propio Ayuntamiento» el año pasado, al no revisar que las atracciones no autorizadas no se pusiera en funcionamiento. Y ha remarcado que, entre ellas, estaba el Saltamontes en el que se produjo un accidente con un joven fallecido en agosto, una atracción que el Ayuntamiento «no precintó».
El gobierno local «debe dar soluciones y no crear más problemas»
Por su parte, el BNG ha trasladado su posición favorable a debatir esta moción, para que el gobierno local diese «explicaciones» sobre la tramitación de los permisos a las fiestas, y ha reclamado que el Ayuntamiento «debe dar soluciones y no crear más problemas».
Sin embargo, la propuesta no fue debatida en su contenido finalmente, ya que el PSOE votó en contra de la urgencia. El portavoz del gobierno municipal, Carlos López Font, acusó al PP de «estar situado en la ilegalidad» y de «conspirar para que no hubiera fiestas en Coia».
El edil socialista ha recordado que finalmente habrá festejos en Coia y también se celebrarán el resto de eventos emblemáticos del verano vigués, «siempre dentro de la legalidad».
Reversión del edificio anexo al Virxe do Rocío
Por otra parte, el gobierno local ha llevado al pleno su propuesta para reclamar a la Xunta la desafectación del edificio anexo al CEIP Virxe do Rocío, en el que actualmente se ubica el Centro de Formación y Recursos para el Profesorado (CFRP). Esta propuesta ha contado con los votos favorables del PSOE, el ‘no’ del PP y la abstención del BNG.
La concejal de Educación, Olga Alonso, ha defendido que, una vez que ese inmueble no tiene uso docente, debe ser revertido al Ayuntamiento porque la Xunta lo tiene «ocupado» y ha hecho «una apropiación indebida del mismo».
La edila del PP, Patricia García, ha calificado la propuesta del gobierno local de «desahucio» y ha recordado que ese CFRP ya estuvo antes en el edificio del Instituto Municipal de Educación, y tuvo que ser trasladado por la decisión del Ayuntamiento de construir allí una escuela infantil (la de Santa Marta, que fue trasladada desde el Barrio do Cura).
Según el grupo ‘popular’ la petición ahora de recuperar el inmueble anexo al CEIP Virxe do Rocío, en cuya rehabilitación la Xunta acaba de invertir 450.000 euros, no responde más que a un «capricho» del gobierno de Abel Caballero, que siempre apuesta por «apropiarse o destruir» aquello que no puede controlar. «Y no proponen nada para el edificio, solo quieren ruido y confrontación», ha lamentado.
Por su parte, el BNG ha justificado su abstención en esta moción porque se trata de una propuesta que «no es casualidad», sino «otro capítulo más» de confrontación entre Ayuntamiento y Xunta. Al respecto, el portavoz municipal nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha recordado que el edificio en cuestión dejó de tener actividad docente en 2012, y no fue hasta 2022 cuando el Ayuntamiento interesó su desafectación.
Y ahora, en 2025, llega al pleno «al calor» de otras polémicas sobre reversión de edificios, como la suscitada en los antiguos juzgados de la calle Lalín o la antigua estación de buses de la Avenida de Madrid. Además, ha añadido, el gobierno vigués «pide la desafectación pero no explica para qué», ni a qué quiere destinar ese inmueble.
Otros acuerdos
El Pleno de Vigo ha dado luz verde en su sesión de este lunes a una propuesta socialista para reclamar a la Xunta que dote la partida presupuestaria necesaria para implantar las guardias de 24 horas en los juzgados de Vigo.
Esta propuesta fue apoyada por el PSOE, mientras que PP y BNG se abstuvieron, al no aceptar el gobierno local la enmienda para incluir en esas reclamaciones el mantenimiento del octavo juzgado de instrucción, tras la puesta en marcha de la segunda sala de Violencia contra la Mujer.
También fue aprobada otra moción socialista, esta vez con el voto favorable del BNG y la negativa del PP, para reclamar al gobierno gallego medidas para financiar los servicios de salvamento y seguridad en las playas; y otra moción para que la Xunta reforme las cubiertas de los centros educativos de la ciudad.
