El Ayuntamiento de Vigo ha trasladado al juzgado de lo Contencioso Administrativo una petición para poder proceder a la entrada en los edificios 11 y 13 de la calle Fisterra, y realizar su desalojo forzoso y corte de luz, ante el riesgo de fallo eléctrico y las posibles consecuencias.
Se trata de dos inmuebles que hace tiempo que están en el punto de mira de la administración municipal por las deficiencias en el suministro eléctrico y otros problemas de habitabilidad. De hecho, la propiedad (son dos sociedades del mismo dueño) ya fue requerida varias veces para acometer mejoras y fue sancionada ante su inacción.
El pasado 10 de octubre una persona particular denunció las malas condiciones de los edificios, que funcionan como pensión sin licencia, alquilando los pisos por habitaciones y con quejas de los residentes por la falta de servicios, presencia de cucarachas, grietas, moho y otros problemas.
El 19 de octubre pasado, el Ayuntamiento dio orden de desalojar los inmuebles y cortar el suministro eléctrico tras conocer un informe del arquitecto municipal que alertaba del “riesgo real de fallo en la instalación eléctrica con resultados impredecibles”. Para proceder al desalojo, se desplazaron al lugar efectivos de la Policía Local, así como técnicos municipales, que informaron a los residentes de las posibilidades de realojo.
Sin intención de desalojar “voluntariamente”
Del medio centenar de personas que vivían en los dos edificios, el Ayuntamiento ha realojado a una docena, mientras el resto declinaron. Dos días después, la Policía Local fue a comprobar la situación de los edificios y constató que seguía habiendo luz y personas en el interior, que “no parecían tener intención de abandonar las viviendas voluntariamente”.
El arquitecto municipal corroboró esta situación en una nueva inspección y advirtió de que el edificio debía ser desalojado porque, si se cortaba la luz y seguía viviendo gente allí, había riesgo de que emplearan métodos alternativos, como quemadores o velas, lo que elevaba el peligro de incendio.
Además, responsables municipales de Sanidad y Consumo también elaboraron un informe advirtiendo de que los edificios presentaban problemas que pueden afectar a la salubridad y a la salud de los residentes.
Por todo ello, el Ayuntamiento ha acordado proceder al desalojo forzoso, para lo que ha pedido autorización judicial para poder entrar en los edificios, todo ello sin perjuicio de las sanciones que se impongan a la propiedad por desoír los requerimientos municipales. Fuentes municipales han informado de que la actuación está ahora pendiente de ese permiso del juzgado.
