La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, con implantación en todo el territorio nacional y una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024, y que tenía ramificaciones en Vigo.
Así, tal y como ha informado en un comunicado la entidad este viernes, se trata de una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en dicho sector.
De esta forma, realizaron 18 entradas y registros en inmuebles de Vigo (Pontevedra); Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Siero (Asturias); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca), Montoro y Lucena (Córdoba), Marbella, Estepona y Mijas (Málaga).
En ellos, intervinieron un gran número de vehículos y embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.
Cinco detenciones
Además, en el marco de esta operación, denominada ‘Pamplinas Stars’, y que ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, han sido detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales
La investigación de esta ‘macrotrama’ de defraudación arranca a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comienza a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023.
En aquel momento aún no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025 en virtud de la cual las sociedades de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, ya tienen que presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. De este modo, la operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual.
Empresas instrumentales
Así, esta primera operadora habría basado su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales. En la investigación de la Agencia se puso de manifiesto que la operadora habría estado operando a través de empresas instrumentales que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera.
Una vez que la Agencia Tributaria da de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024, la actividad defraudatoria continúa realizándose con una segunda operadora, que comienza a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024, pero en apenas un mes la Agencia también la da de baja en el registro. En ese lapso de tiempo, entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado según los investigadores 123 millones de euros.
Finalmente, a mediados de diciembre de 2024 arranca la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal (antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA) a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta la Agencia también da de baja esta operadora del Redef.
Inhabilitación de tres operadoras
Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continúan las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción
Finalmente, la Agencia Tributaria destapó una «vasta y compleja» estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para una doble finalidad: servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad.
Una parte de los fondos obtenidos por la organización, que también contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef, al objeto de dar continuidad a la defraudación.
En este sentido, la entidad ha terminado explicando que esta mecánica permitía un «rápido aumento» de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el territorio nacional, de forma que el impacto del fraude en la Hacienda pública y sobre la competencia en el sector se concentraba en un escaso margen de tiempo de funcionamiento efectivo de la organización.
En la operación, que prosigue con el análisis de documentación obtenida, han participado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el Área Regional de Inspección en Madrid, Vigilancia Aduanera en Extremadura y la Unidad Central de Auditoría Informática, con el apoyo de las áreas regionales del SVA y las UAI de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y Madrid.
