Miembros de la Plataforma Gallega de Afectados por las Comunidades de Montes y de la Asociación de Vecinos y Empresarios de Cabral (Aveeca) se reunieron este domingo frente a las instalaciones del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) para reiterar su oposición a la actual directiva de la Comunidad de Montes Santa Marina de Cabral, entidad que celebraba una asamblea común en el interior del edificio.
Los congregados repartieron pasquines sobre la campaña de recaudación de fondos iniciada para sufragar las costas del procedimiento judicial que sufrieron dos hermanos que perdieron un terreno de Cotogrande a manos de la comunidad de montes de Cabral e insistieron en denunciar el “acoso” de los comuneros para hacerse con propiedades de empresas y particulares.
Además, quisieron llamar la atención también sobre uno de los puntos a debatir durante la dicha asamblea, que era la propuesta de que sea la propia Comunidad de Montes quien asuma las costas de los múltiples procedimientos judiciales que se están abriendo por la gestión de su directiva.
Para la Plataforma, la situación de esa junta directiva y de su presidente es cada día más delicada, pues no solo se enfrenta a numerosos procesos derivados del “saqueo” de naves industriales o parcelas privadas, sino que están conociéndose casos en los últimos tiempos claramente susceptibles de seguir la vía penal, como el relativo a unas obras ejecutadas al lado del río Lagares, muy cerca de su nacimiento, que supusieron la imposición de una sanción de casi cien mil euros por parte de la Xunta de Galicia a la Comunidad de Montes de Cabral.
A mayores, la protesta denunció también las irregularidades de la junta rectora en el diseño y convocatoria de la propia asamblea que se estaba desarrollando en el Ifevi, dado que, una vez más, se separó la celebración de la misma de la votación, que está prevista para los días 27, 28 y 29 de junio, una fórmula contraria a la Ley de Montes Vecinales en mano común del 89 y a los propios estatutos de la CC MM.
Asimismo, los congregados reprobaron la resistencia de la actual directiva a admitir nuevos comuneros.
Este hecho ya fue reiteradamente denunciado en la vía judicial y derivó en sentencias que reconocieron la condición de comuneros de los demandantes.
