Trabajadores de la empresa Ambulancias do Atlántico, concesionaria del servicio de transporte sanitario y urgente en Vigo, Cangas y Moaña, se han concentrado este jueves frente a la dirección provincial del Sergas en la ciudad olívica para denunciar la situación «límite» de dicho servicio y para pedir a la Xunta que «rescate» la concesión.
Así lo han trasladado los portavoces de los sindicatos CIG, CC.OO. y USO, que han advertido de que el modelo concesional para prestar un servicio «esencial» se ha demostrado «caduca» y «no funciona». «Se ha llegado a esta situación porque a la administración lo único que le interesa es prestar un servicio lo más barato posible, y licita con cualquier irresponsable (…) está más que demostrado que este servicio público esencial no puede estar más tiempo privatizado», ha proclamado Óscar Graña, de CIG.
Tras recordar que Ambulancias do Atlántico «estuvo a un día» de tener que paralizar el servicio por falta de combustible (ante las deudas de la empresa con éste y con otros proveedores), ha reclamado a la Xunta que actúe para garantizar las nóminas y los derechos de los trabajadores (unos 260 empleados) y que, si opta por mantener el modelo concesional, ponga sobre la mesa «dinero y recursos» para poder dar esas garantías.
La administración ha trasladado a los sindicatos su intención de buscar otra empresa que se haga cargo del servicio los próximos meses, en tanto no se licita de urgencia un nuevo concurso. Mientras, ha subrayado Óscar Graña, es necesario que la Xunta «nombre a alguien que haga de interlocutor con la empresa», porque su responsable está «desaparecido» y Ambulancias do Atlántico «no tiene dirección».
El comité había convocado huelga para este jueves y este viernes, pero el paro fue suspendido tras pagarse las nóminas «porque la Xunta intervino ‘in extremis'». Con todo, Óscar Graña ha advertido de que la empresa sigue teniendo deudas salariales, que estiman en unos 150 euros mensuales por trabajador, y comete «otros incumplimientos graves» en materia laboral, además de deber dinero a proveedores (estiman que el total de los impagos asciende a medio millón de euros).
Así, José Manuel Lorenzo, de USO, ha recordado que Ambulancias do Atlántico tiene numerosas denuncias en Inspección de Trabajo por irregularidades en el ámbito de la seguridad y salud laboral.
Impagos
Por su parte, Roberto Rodríguez, de CC.OO. ha señalado que la Xunta está en contacto con el INSS para abordar el impago de las cuotas a la Seguridad Social, ya que la empresa ha dejado sin pagar dos meses y medio de cuotas de los trabajadores. De hecho, ha subrayado que el dueño de la empresa, que tomó las riendas hace un año, «ya venía arrastrando mala gestión» en otras compañías.
«Pedimos a la Xunta que intervenga definitivamente la empresa y recobre el servicio para gestionarlo como servicio propio de la administración. Ya los grupos de la oposición pidieron el rescate en el Parlamento», ha incidido, antes de lamentar que, hasta ahora, la Xunta ha jugado un «papel irrelevante» y «no se toma la situación como lo que es, una situación muy seria».
La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ha rechazado pronunciarse al respecto de estas últimas declaraciones de los sindicatos, y se ha remitido a lo ya expuesto estos días. Así, ha reafirmado su compromiso de tomar las medidas legales necesarias para garantizar la prestación del servicio y las condiciones laborales y salariales de la plantilla, al tiempo que ha recordado que se ha puesto en marcha el proceso de intervención pública del servicio.
Apoyo del BNG
En la concentración de este jueves han participado también el portavoz del grupo municipal del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, y la diputada autonómica Carmela González, que han trasladado su apoyo «total» a la plantilla de Ambulancias do Atlántico.
Pérez Igrexas ha denunciado que la «situación límite» del servicio se debe a la «nefasta política sanitaria del PP», que pone un servicio «tan sensible en manos de un empresario pirata», y ha recordado que el BNG ya registró una batería de iniciativas en la Cámara autonómica para «exigir soluciones reales» y el rescate «inmediato» de la concesión. «Aún estamos a la espera de que la delegada de la Xunta en Vigo dé explicaciones cuanto antes sobre las medidas que va a tomar el gobierno gallego», ha añadido.
