No es nada nuevo. La situación de los trabajadores de la empresa Ambulancias del Atlántico, actual concesionaria del 061 en Vigo, Cangas y Moaña; y que también presta el servicio de transporte sanitario no urgente de los hospitales para toda el área sanitaria de Vigo, sigue siendo precaria.
Desde hace años son múltiples las quejas de los sindicatos por las condiciones y despidos «sin justificación» de los trabajadores pero también por la mala organización del servicio, situación que se traslada a los múltiples usuarios que día tras día tienen que hacer uso del servicio para sus traslados sanitarios.
Y este viernes esta situación ha ido un paso más allá puesto que acaban de denunciar ante Inspección de Trabajo que llevan «un año entero acumulando retrasos en el abono de sus salarios».
Además, como explica la CIG en un comunicado, esta circunstancia «viene de complicarse más» después de que el personal sanitario afectado -unos 250 trabajadores- «cobrara la paga extra de marzo una semana más tarde de lo establecido y, sobre todo, porque en la actualidad aun no cobraron la mensualidad de marzo», detallan, «incumpliéndose así el acuerdo con la empresa que obliga a hacerlo antes del último día de cada mes», matizan.
Con todo, ponen el foco en el máximo responsable de la empresa adjudicataria del servicio: el empresario catalán de ambulancias, Carlos Simón García, que según dicen, «se encuentra en paradero desconocido. No aparece por la empresa, no contesta a los requerimientos de la representación de los trabajadores, no atiende a los correos ni a las llamadas y no comparece en las reuniones de gestión de la empresa», critican.
Por ello, explican que fruto de toda esta situación, la recién designada directora de Recursos Humanos «abandonó la empresa sin presentarse al trabajo de un día para otro». Y siguen: » y el director de la compañía está de baja médica».
Por todos estos motivos señalan que ha tenido que ser el propio personal trabajador «que aún no cobró», el encargado de «gestionar íntegramente el funcionamiento de la empresa», denuncian.
Así, la representación sindical de CIG, CCOO y USO fue atendida por la Inspectora de Trabajo que llevará el caso. Y dada la urgencia y gravedad de la situación, señalan que se comprometió a «intentar localizar al empresario para exigir su comparecencia urgente».
Se preguntan dónde va el dinero
Ante lo rocambolesco de la situación, y pese a que el 061 «viene de incrementar en más de 800.000 euros anuales» el importe de la licitación a Ambulancias del Atlántico y que la misma empresa «cuenta también con la concesión de los hospitales de Vigo, la adjudicación del servicio sanitario de la Vuelta Ciclista a España, el Centro Penitenciario de A Lama, el seguro de salud Adeslas y el Hospital Rivera Povisa», los trabajadores de la empresa denuncian que «los retrasos en los pagos al personal sanitario y a los proveedores son continuos», mantienen en la nota de prensa.
Además, no se explican la «difícil situación económica» que parece atravesar la empresa ya que, según apuntan, «va en aumento». El motivo para pensarlo no es otro que, como detallan, esta misma semana las tarjetas de pago que se emplean para el repostaje de las ambulancias «dejaron de funcionar y tan sólo se puede ir a la gasolinera de Repsol de la Avenida de Madrid por un supuesto compromiso de Carlos Simón de pagar en un futuro lo que se va acumulando», explican.
Pero es que no se queda ahí ya que, como denuncia el personal, además de los problemas económicos para pagar las nóminas, la empresa «suma denuncias en la Inspección de Trabajo y mismo viene de ser sancionada por la utilización de ambulancias asignadas a un contrato con la administración pública en la realización de servicios privados«, informan, especificando que el «último incumplimiento del que se tiene constancia» es el de «entregar documentación con información falsa para el concurso con la Administración Pública del actual servicio del 061″, revelan.
Piden la gestión directa de la Xunta
Por todo esto, el próximo lunes día 8 de abril, la representación sindical de CIG, CCOO y USO señala que comunicará oficialmente la situación de la empresa tanto al Sergas como al 061.
Y detallan que en el escrito solicitarán formalmente «que se ejecute el aval depositado por el empresario Carlos Simón en los contratos que tiene con la administración para que el servicio pase a ser asumido directamente por la Xunta de Galicia y que sea la Consellería de Sanidad la que abone los salarios al personal sanitario que continúa sin cobrar».
