La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) ha condenado «rotundamente» este lunes los actos de violencia que tuvieron lugar la semana pasada durante diferentes movilizaciones, como las del metal ante el Ifevi o las del sector del comercio de alimentación, y ha advertido de que defenderá los intereses empresariales de todos los sectores de la provincia y de que, de continuar las actividades violentas o escraches contra integrantes de las mesas negociadoras, se adoptarán decisiones contundentes que pueden llevar a la paralización total de la negociación colectiva a escala provincial.
“Esta estrategia va contra los propios intereses de los sindicatos y, por supuesto, de todos los trabajadores, muchos de los cuales se ven perjudicados por la actuación de unos pocos radicales”, ha dicho la CEP, según la cual lo acontecido la semana pasada supuso «gravísimos daños materiales contra intereses empresariales«.
La Comisión Permanente de la CEP ha subrayado el perjuicio que se hace a Vigo y al empresariado de la provincia y de Galicia cuando la violencia sindical acapara los titulares, en lugar de hacerlo las inversiones o el volumen de negocio captado con esfuerzo por el tejido productivo.
La CEP hace especial incidencia en lo sucedido en el Ifevi, hasta donde se trasladaron los trabajadores del metal tanto el día de la inauguración de la feria internacional del metal, Mindtech, organizada por Asime, como el día de la clausura, cuando se registraron lanzamiento de objetos, árboles en la carretera, desperfectos materiales y heridos.
«En lo económico es irreparable, por cuanto la imagen que se traslada es la de la confrontación, la conflictividad y la violencia. Para la Confederación es intolerable la impunidad con la que actúan los manifestantes más radicales», afirman los empresarios de la provincia, según los cuales sindicatos y manifestantes «tiran piedras contra su propio tejado, porque si no se cierran contratos, será muy difícil mantener o incrementar el empleo, la prosperidad de toda la sociedad civil está en juego».
También recuerda la Confederación de Empresarios de Pontevedra que la semana pasada «hubo numerosos incidentes en supermercados de diferentes localidades de la provincia».
Los vocales de la Comisión Permanente coincidieron en que los sindicatos son responsables directos si sus convocatorias se tornan violentas al no controlar a los asistentes, sean o no afiliados, y recordaron que los disturbios con daños materiales suponen un delito y que la «coacción» también está tipificada como ilícito penal.
La Confederación valora que no queda margen para que los sindicatos, e incluso la propia Fiscalía, se desentiendan de los hechos acaecidos, y afirma «que no deben quedar impunes estos graves altercados, lo cual podría propiciar que se repitan sin consecuencias para sus promotores».
