Que la eficiencia empresarial y la responsabilidad social pueden convivir de forma natural es algo que demuestran en Galicia más de 4.700 empresas, entre cooperativas, centros especiales de empleo, sociedades laborales y centros de inserción. De su capacidad de resistencia dice mucho el hecho de que, en 2020, a pesar de la crisis provocada por la pandemia, se crearon 126 nuevas firmas de economía social. Es por este éxito logrado que el Foro pola Economía Social Galega sigue trabajando con más ímpetu que nunca tres años después de su constitución y así se lo ha trasmitido esta mañana su presidente, Celso Gándara, a la conselleira de Emprego, con la que mantuvo una reunión para darle a conocer la agenda de actos organizados con motivo de su tercer aniversario y firmar un nuevo convenio de colaboración.
En el encuentro se abordó la presencia de la economía social en los fondos Next Generation y se informó a la responsable de Empleo de las gestiones realizadas por el Foro para la obtención de un PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de Economía Social a nivel estatal. Gandara solicitó asimismo una reformulación de la Rede Eusumo “para actualizar las nuevas necesidades de desarrollo” y apostó por un programa específico de transformación de empresas en situaciones de crisis en entidades de economía social, “dada su contrastada capacidad de resistencia”.
La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, por su parte, coincidió en el papel relevante de la economía social para la recuperación tras la pandemia por defender “fines de interés general y colectivo” lo que, en su criterio, “permiten generar más empleo y de más calidad, garantizar una mejor redistribución de los recursos y favorecer la cohesión territorial y social”.
Modelo de crecimiento sostenible y solidario
Con la firma del convenio, Lorenzana destacó que la Xunta referenda su compromiso con la Economía Social por dos razones esgrimidas por la conselleira: ser “un modelo de crecimiento más sostenible, más inclusivo y más igualitario” y, por otra parte, por convertirse en una “fuente de oportunidades laborales que requieren de una actuación conjunta y solidaria”.
Según señaló la titular de Emprego e Igualdade, la economía social supone “una fórmula de éxito que repercute en el beneficio colectivo”, el tipo de fórmulas que, resaltó, “necesitamos para recuperarnos del impacto tan negativo que nos deja esta pandemia”.
El encuentro de esta mañana en la Xunta de Galicia responde a la labor de representación encomendada al Foro por sus asociados, tarea que persigue la participación de la economía social en aquellos momentos y lugares en los que se debate el futuro de Galicia. No en vano, estas empresas representan el 7% del PIB autonómico, por lo que son ya pieza clave dentro del puzzle de la economía gallega. Sólo desde esa capacidad de representatividad el Foro pola Economía Social Galega puede jugar un papel principal en la internacionalización de su labor, con un primer paso principal dentro de la Unión Europea. En ese sentido, se suma a las líneas maestras marcadas por el Gobierno gallego, que ante las autoridades comunitarias ha defendido y defiende que la economía social ha demostrado que los valores que impregnan este tipo de organizaciones generan un comportamiento diferente al resto de organizaciones mercantiles, ahondando en cohesión social y territorial. De ahí la elección de Galicia como región amiga de la economía social una vez más en este 2021.
Más de 4.700 organizaciones en toda Galicia
El Foro pola Economía Social Galega nació en 2018 impulsado por las organizaciones más representativas de las diferentes familias de la economía social gallega: la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA), la Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia (AESGAL), la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA), la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (CEGASAL) y Espazocoop, Unión de Cooperativas Galegas. A día de hoy, el Foro representa a 4.788 entidades, con un volumen de empleo estimado de 24.904 personas y más de 74.120 personas socias, comuneras o mutualistas.
