La Audiencia Nacional abrió este lunes la vista oral contra José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán, Julio Fernández Gayoso y Ricardo Pradas Montilla, estos dos últimos como cooperadores necesarios de los delitos de los que se acusa a los cuatro primeros. El fiscal solicita penas de tres años de prisión por apropiación indebida y administración desleal y alternativamente de delito de estafa.
En la primera sesión del juicio, el único que prestó declaración fue el exasesor legal de las cajas, Ricardo Pradas. Durante el interrogatorio, Pradas defendió la legalidad de las liquidaciones que cobraron los directivos.
Según informó al Televisión de Galicia, la Fiscalía Anticorrupción reclama tres años de prisión para cada un de los acusados de cobrar las prejubilaciones millonarias y los directivos que más percibieron fueron Pego y García de Paredes, 7 y 5 millones respectivamente, con la aprobación y pleno conocimiento de Gayoso. La Fiscalía pide también que devuelvan el dinero.
La Asociación de Usuarios de Cajas de Ahorro (Adicae) argumenta que irregularidades de este tipo, destinadas a incrementar el patrimonio personal de los directivos, contribuyeron a la quiebra de las cajas gallegas fusionadas. Los problemas en las cuentas acabaron por provocar la intervención y el rescate de la entidad, el cierre de sucursales y ajustes en el cuadro de personal con un ERE que afectó a 1.850 empleados. Según añade la TVG, el acuerdo entre los nuevos dueños de Abanca y el FROB, en caso de devolución, 16,7 millones irán para el Estado y el resto para el banco.
