Los representantes de los trabajadores de Ambulancias del Atlántico han tildado de «fracaso» la reunión mantenida este jueves con la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para abordar la situación de los contratos de transporte sanitario del área de Vigo. Por su parte, la Xunta ha pedido a los sindicatos –CIG, CC.OO. y USO– «responsabilidad y ánimo constructivo».
Entre otras muchas cuestiones, los sindicatos denuncian que no está garantizado, hoy por hoy, el abono de las nóminas del mes de mayo antes del 1 de junio y que se siguen sin pagar las deudas de todo el año a los trabajadores, no se entrega la documentación que permitiría interponer en el juzgado una reclamación de cantidades, continúa el acoso laboral, la persecución a los trabajadores y las carencias logísticas que afectan al normal funcionamiento del servicio.
En una nota de prensa conjunta, CIG, CC.OO. y USO han manifestado su enfado ante lo que califican de «incumplimiento por parte de la Administración» de los acuerdos alcanzados en la anterior reunión y por la negativa a asumir nuevos compromisos.
Así, señalan que a pesar de que el empresario y administrador único de la empresa, Carlos Simón, «continúa desaparecido», tampoco se presentó a la reunión ninguna de las personas que ostentan actualmente la dirección de la compañía, tal y como estaba previsto.
Los sindicatos reprochan que tampoco se entregó un organigrama de la dirección y que se hubiese nombrado como interlocutor a un abogado laboralista contratado por la empresa.
«A día de hoy, el personal trabajador de la empresa desconoce a quién debe dirigirse para lo más mínimo acto administrativo o realizar tareas logísticas simples como pedir un permiso laboral o solicitar la reparación de un vehículo. La empresa está sumida en un auténtico caos sin su personal sepa la que órdenes de trabajo debe atender y desconociendo que cargo ostentan las personas que actúan en la actualidad supuestamente en nombre del empresario Carlos Simón», denuncian los representantes de los trabajadores.
En una durísima nota que fue contestada apenas unos minutos después por otra de la Xunta apelando a la «responsabilidad», los sindicatos añaden que es «insalvable» que los documentos de las nóminas siguen sin entregarse, haciendo imposible el cálculo y la posible reclamación judicial del dinero que se le adeuda a la totalidad de la plantilla.
Otra de las cuestiones que aumenta el clima de crispación, señalan, es la decisión del empresario «de dar indicaciones para que las nóminas que sí se entregan estén hechas deliberada y enrevesadamente mal con el objetivo de colapsar los servicios jurídicos de los sindicatos, puesto que tendrían que calcular y rehacer una a una las nóminas de todo el año de 260 trabajadores».
Por ello, los representantes de los trabajadores han solicitado al Sergas que asuma la elaboración de las nóminas aprovechando su papel de interventor de la empresa, algo a lo que la Administración se ha negado. «Es un hecho que demuestra una nueva mentira de la Consellería en su compromiso de intervenir la empresa Ambulancias del Atlántico», afirman.
De hecho, los tres sindicatos denuncian que, en realidad, «la Administración está realizando un tímido papel de mero observador» y que tan sólo lanza recomendaciones al empresario y su entorno.
Asimismo, las deudas a proveedores continúan acumulándose haciendo muy complicado el trabajo diario, prosiguen los sindicatos, que citan entre los múltiples inconvenientes que ello provoca las restricciones de combustible, interrupción de la limpieza de los centros de trabajo y falta de reparaciones en las ambulancias o impagos de alquileres. «Son, entre otros, algunos ejemplos de los graves problemas económicos que asolan a Ambulancias del Atlántico, actualmente en bancarrota, que subsiste a base de adelantos económicos de la facturación del Sergas», censuran.
Al respecto del papel de la Administración gallega en el conflicto, señalan que la Consellería de Sanidade aprovechó la reunión de este jueves para informar de los plazos previstos para resolver la gravísima situación actual que afecta al servicio de transporte sanitario.
En concreto, indicó que con respeto al servicio urgente, el próximo lunes 13 de mayo se dará cuenta en el Consello de la Xunta del contrato de emergencia para que se publiquen los pliegos que permitan a las empresas licitar por un plazo de 6 meses prorrogable a otros 3 más.
De manera que, según las estimaciones del 061, una nueva empresa estaría prestando servicio en Vigo Cangas y Moaña desde el próximo 1 de junio hasta el 30 de noviembre.
Sin embargo, remarcan los representantes de los trabajadores, la situación más grave corresponde al servicio programado que según lo manifestado en la reunión, el Sergas pretende continuar prestando servicio con Ambulancias del Atlántico–» y su administrador desaparecido»– durante como mínimo cuatro meses más.
La Xunta ha licitado esta misma semana dicho transporte programado por 13,5 millones de euros pero los sindicatos, lejos de estar satisfechos, dicen tener «pruebas» de que los cálculos de coste del servicio para una nueva licitación «están mal realizados a causa de la información incorrecta» facilitada por Ambulancias del Atlántico, llegando incluso a incurrir nuevamente en falsedad documental. Al respecto, aseguran que el estudio de costes publicado por la Consellería no incluye el gasto real de las nóminas del personal ni de los suministros. Por este motivo, sospechan que el contrato del servicio programado volverá a quedar desierto, teniendo que prolongarse por más tiempo en manos de Ambulancias del Atlántico.
Los sindicatos también respondieron a los reproches lanzados durante el encuentro desde la Dirección del 061 a los representantes de los trabajadores responsabilizándoles de no tener paciencia, no respetar la paz social e incluso atribuyéndoles supuestos actos de sabotaje.
En su nota, recriminan al Sergas por «considerar que nos encontramos en una situación privilegiada» por el hecho de que en otras situaciones semejantes ocurridas en otras áreas, la Administración «no se implicó tanto» llegando a tener que recibir el pago de las nóminas con cargo al Fondo de Garantía Salarial pasados varios meses.
Para las organizaciones sindicales, estas manifestaciones «no hicieron más que complicar el diálogo». Fue por eso, señalan, que decidieron poner fin a la reunión y acusan por tanto a la Xunta de Galicia de no prestar atención a los deberes legales que tiene la Administración en cuanto al abono de salarios y cuotas a la Seguridad Social en caso de impagos por la empresa.
Los sindicatos CIG, CC.OO. y USO reafirman que si el servicio se encuentra actualmente en funcionamiento y los pacientes están recibiendo una idónea asistencia sanitaria, «es gracias a la implicación y responsabilidad del personal sanitario» de Ambulancias del Atlántico que tiene que prestar servicio en una situación tan complicada, con «una dedicación digna de admiración».
Asimismo, hicieron responsable a la Consellería de Sanidad de no garantizar el cobro de salarios ni los retrasos y acusaron a sus responsables de realizar una nula supervisión de la gestión de la empresa concesionaria.
Acoso laboral
Tras las duras críticas hacia el papel de la Administración autonómica, los sindicatos acusaron directamente al empresario de «aprovechar la situación de tregua para aumentar el clima de crispación entre el personal».
Al respecto, consideran demostrado que Carlos Simón «está dando indicaciones desde su exilio en Cataluña a su personal de confianza para que actúen a modo de venganza persiguiendo a algunos trabajadores con actos que pueden suponer penas de prisión para los actuales responsables de la empresa».
Por ello, están preparando ya varias denuncias por acoso laboral, persecución, vulneración de derechos sindicales e incluso despidos que se sumarán a las ya presentadas, anuncian los representantes de los trabajadores.
Además, volverán a convocar asambleas en las que se planteará una nueva convocatoria de huelga, así como recrudecer el calendario de protestas en espera de una respuesta por parte de la Xunta que, insisten, «se niega en rotundo a asumir directamente el servicio de asistencia y transporte sanitario público, cambiando el modelo actual de prestación del servicio con empresas concesionarias privadas».
Valoración de la Xunta
La Xunta, a través de Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, por su parte, ha informado de que durante el encuentro se informó de las gestiones que se están realizando para garantizar los derechos laborales de los trabajadores y la continuidad de este servicio esencial.
En su comunicado, ha recordado que tras la renuncia unilateral del adjudicatario del contrato, la Xunta adoptó las medidas necesarias para evitar que se interrumpiese el servicio y garantizar el pago de las nóminas del mes de abril a los trabajadores.
Por ello, subraya que «en caso de acreditarse desajustes en las retribuciones percibidas por algunos trabajadores se tomarán las medidas para corregirlos en los próximos días».
Paralelamente, ha añadido la Administración autonómica, se está ultimando la tramitación por la vía de emergencia de un nuevo contrato para garantizar la continuidad del servicio, mientras se diseña el pliego para una nueva contratación común.
Por ello, ha solicitado a los representantes sindicales «responsabilidad y ánimo constructivo, teniendo en cuenta la máxima voluntad de diálogo y de implicación que están demostrando los responsables autonómicos», lamentando que algunos de ellos abandonasen la reunión de este jueves.
«El transporte sanitario es un servicio esencial para la ciudadanía y la Xunta está dando todos los pasos necesarios para garantizar su prestación, asegurando el cumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores», ha insistido el comunicado enviado por el Ejecutivo gallego.
