La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha denunciado este viernes retrasos en la incorporación de los testamentos vitales o documentos de instrucciones previas a las historias clínicas de los pacientes, así como en la tramitación de las solicitudes de eutanasia, y ha advertido de que, aunque la ley «es mejorable», «la que hay, debe cumplirse al cien por cien».
Así lo ha trasladado la presidenta de la entidad en Galicia, Isabel Blanco, en una rueda de prensa en la que ha explicado que la ley básica reguladora de la autonomía del paciente recoge el derecho a hacer testamento vital a las personas adultas y capaces para manifestar libremente su voluntad acerca de los tratamientos sanitarios que podrían necesitar en el futuro.
En Galicia, existen 98 unidades habilitadas para registrar ese documento, 48 en la provincia de A Coruña, 6 en Lugo, 20 en Ourense y 24 en Pontevedra. Sin embargo, en algunos casos, las citas para hacer ese trámite se demoran meses.
Desde que se puso en marcha el registro de testamentos vitales en Galicia, se han registrado 20.104 documentos, 2.887 en el pasado año 2024. La tasa es de 7 por cada mil habitantes, muy lejos de la media de comunidades como Euskadi y Cataluña, que está entre 22 y 24 por cada mil habitantes.
DMD ha lamentado, no obstante, que la incorporación de esos testamentos vitales a las historias clínicas de los pacientes se demora demasiado tiempo, llegando incluso a un año, «lo que impide que el personal médico lo conozca y proceda a su aplicación». De este modo, han denunciado, se genera un obstáculo al «impedir el ejercicio de derechos fundamentales».
Cuidados paliativos y eutanasia
Con respecto a los cuidados paliativos, la asociación ha trasladado su preocupación por el hecho de que, a pesar de existir un plan gallego de cuidados paliativos, actualizado en 2014, reciben muchas quejas de personas que denuncian que sus familiares viven un final de vida sin recibir los cuidados paliativos adecuados, prolongando el sufrimiento de modo innecesario.
Además, han recordado, la ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas Enfermas Terminales recoge el derecho de las personas a recibir cuidados paliativos integrales al final de su vida, así como el derecho a que se respeten sus deseos.
Al respecto, han exigido que se cumpla la normativa, que se mejore y actualice el plan gallego y que se cree un Observatorio de Muerte Digna en Galicia para «conocer realmente cómo se muriendo» en la comunidad y mejorar la calidad de ese proceso.
En lo que se refiere a la eutanasia, ha constatado que, a día de hoy, y tras cuatro años desde que entró en vigor la ley que la regula, todavía «falta información» entre la población acerca de sus derechos, y también hay una ausencia «preocupante» de falta de formación para los sanitarios.
En Galicia, el número de solicitudes de eutanasia en 2023 (últimos datos disponibles) fue de 38, de las que se llevaron a cabo 18, y el tiempo medio de tramitación se extendió hasta los 65 días, cuando la ley señala que debe resolverse en un plazo de entre 35 y 40 días. Además, un 40 % de los solicitantes fallecieron antes de que se culminase el proceso.
Según ha recalcado Isabel Blanco, las demoras puede ser evitadas, si se apuran los plazos, tal y como ha quedado demostrado con el caso de Laura Fernández Abalde, ingresada en Cuidados Paliativos en el hospital vigués Meixoeiro y que, tras hacer público su caso y presionar, logró la autorización para recibir ayuda para morir en solo 21 días.
Finalmente, la presidenta de DMD ha valorado los avances logrados en los últimos años en materia de muerte digna, aunque ha matizado que «todo se puede mejorar». «La ley se puede mejorar, pero pedimos que la que hay, se cumpla al cien por cien para mejorar la calidad de la muerte, que también es mejorar la calidad de vida», ha concluido.
