La reunión del pasado veinticinco de junio entre el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, parecía el primer paso para un necesario entendimiento entre ambos dirigentes y las instituciones que representan. Está claro que la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo están condenados a entenderse por el bien de la propia ciudad de Vigo, por el de la ciudadanía viguesa, por el de la zona de influencia de Vigo, e incluso por el bien del resto de Galicia, quieran o no sus representantes. Lo que no se sabe es cuándo surgirá la buena sintonía política, porque lo que empezaba bien ha resultado un vertiginoso fiasco.
Gracias a esa reunión histórica entre el presidente de la Xunta y el alcalde de Vigo, numerosos asuntos de la ciudad de Vigo que aún permanecen pendientes desde hace años verían, aunque fuera paulatinamente, un necesario desbloqueo. Entre otros, el proyecto de la ETEA o la necesaria señalización del Camino de Santiago. Seguramente hubieran llegado a buen término los asuntos vinculados con la salida sur, con la conexión ferroviaria con Ourense por Cerdedo, e incluso la esperada conexión con Oporto.
Y de ahí viene, precisamente, la primera colisión: el apoyo del presidente de la Xunta para activar la conexión del AVE entre Vigo y Oporto. Según el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se trata de un asunto que compete al gobierno de Madrid, y, según él, lo que es importante y urgente para Vigo es la conexión con Ourense por Cerdedo.
En mi opinión —y estoy seguro que es compartida con una mayoría de la ciudadanía viguesa— tan importante es una conexión como la otra. La conexión con Madrid por Cerdedo es importante porque no se justifica que el tren tenga que llegar a Santiago para luego dirigirse a Madrid, perdiendo prácticamente una hora de viaje. A su vez, la conexión ferroviaria del AVE con Portugal también es indispensable para toda Galicia y, sobre todo, para Vigo, que está más cerca de Portugal que de Madrid.
En definitiva, la realidad de este entuerto político nos afecta a toda la ciudadanía viguesa, que seguimos sin una y sin otra conexión, ambas las dos de enorme importancia para la ciudad y su área de influencia. De todo esto se concluye que existe un pataleo político permanente con cualquier disculpa, y el asunto ya resulta un hartazgo, algo agotador.
El alcalde de Vigo tiene sus competencias y el presidente de la Xunta tiene las suyas, y ambos los dos bajo los intereses del gobierno central —que, por cierto, parece preferir la conexión del AVE entre Madrid y Lisboa—. Cada uno tiene su línea política y en ningún modo desmerecería el entendimiento entre ambos. Sea como fuere, las auténticas necesidades colectivas de la ciudad de Vigo nunca llegan a materializarse y la ciudadanía ya está saturada de tantas sutilezas políticas.
Cuando llegue el momento ya veremos qué dicen las urnas. Porque además del Partido Popular y del PSOE también existen otras alternativas más locales y menos dependientes de los protagonismos desmedidos, de los intereses personales, o de los órganos centrales de los grandes partidos. Estas actitudes constituyen un auténtico error, un camino que no conduce a ninguna parte. Una lástima haber perdido esta oportunidad de entendimiento.
