Por este orden el presidente habló de la actividad de incendiariios homicidas, de la sequía persistente (en la dictadura el régimen hablaba de la pertinaz sequía), de los vientos muy secos del huracán Ophelia y por último de los fuegos que pasaron atravesando el Miño desde Portugal.
Yo no le escuché al dirigente autonómico en ningún momento hablar de su política forestal y de si sería conveniente revisarla, mejorarla o modificarla.
Pero leyendo la versión digital de La Vanguardia me topé con una entrevista que les recomiendo que le hacían al biólogo Xabier Vázquez Pumariño, a propósito de los incendios sufridos en tierras gallegas el pasado domingo.
Entre otras cosas muy interesantes Xabier Vázquez habla de una mafia o trama responsable de que Galicia se queme todos los años. Esto es algo que siempre se comentó en las calles y en los bares de nuestros pueblos y ciudades.
Pero lo interesante es que la “mafia forestal” que mencionaba Vázquez Pumariño no era ninguna propia de los bajos fondos sino “la mafia del DOGA”. Concretamente señalaba al Partido Popular, a la papelera ENCE, al lobby de ingenieros forestales, a las empresas de extinción de incendios y a los viveros de plantas de pino y eucalipto.
Y concretando más Xabier explicaba que desde que Manuel Fraga llegó a la presidencia de la Xunta se crearon enormes servicios para combatir el fuego, controlados por miembros de este lobby al igual que lo hacen con las distintas administraciones, industrias forestales, Servicio de Conservación de la Naturaleza, dos de las universidades gallegas y por supuesto la empresa papelera ENCE.
De esta manera estos lobbystas se benefician siempre y de todos los procesos forestales. Al plantar zonas de monte con pino y eucalipto ellos sacan su tajada, pero cuando los cortan también, y si se declara un incendio por supuesto se llevan su parte porque los medios son suyos, pero con el monte quemado las empresas que lo reforestan también les pertenecen. Es un círculo vicioso del que nunca puedes salir.
Después del diágnostico Vázquez Pumariño habla de posibles soluciones a esta gravísima situación. De ahí que menciona que la factura por utilización de medios para apagar una propiedad forestal la debe pagar… el propietario, sea individual o comunal. Y para ello todos los propietarios tendrían que suscribir un seguro agrario para casos de incendio.
Otras medidas serían prohibir plantar en los próximos 50 años ni un pino ni eucalipto, proteger concienzudamente los espacios naturales y legislar con normas muy estrictas las distancias entre casas y carreteras con respecto a zonas arboladas. En resumen cambiar el Plan de Desarrollo Regional que es financiado con fondos procedente de la UE.
De repente me pareció que comenzaba a entender cuál es el problema y cómo se podría resolver.
Mientras el Tele Xornal de la TVG nos repite la detención de un hombre que quemó una finca suya de una hectárea en la zona de A Limia.
Ay si esos redactores miraran en el DOGA…!
