El 7 de febrero de 1981 se abrió al tráfico el Puente de Rande, en la Autopista del Atlántico. Desde esa fecha han pasado treinta y nueve años y el puente ha estado prestando un servicio que enseguida se volvió indispensable. La propia autopista se ha hecho indispensable.
Nadie pone en duda la gran inversión para realizar todas las expropiaciones necesarias, para construir la autopista y para diseñar y construir un puente que durante algún tiempo fue el segundo puente con mayor luz —distancia entre apoyos— del mundo; una obra singular de ingeniería. Solamente el puente tuvo un coste que superó los tres mil quinientos millones de pesetas de la época. Durante casi cuarenta años lo han utilizado varios cientos de millones de vehículos y actualmente lo atraviesan más de cincuenta mil vehículos diarios.
Las cifras de los peajes son enormes. Cualquiera que quisiera hacer los cálculos del dinero que han pagado los usuarios durante todos estos años vería desbordada la pantalla de su calculadora con los resultados obtenidos. Pongamos por caso los cincuenta mil vehículos diarios y hagamos un breve cálculo de cuánto se ha estado pagando por atravesar el puente.
La propia empresa propietaria de la autopista declara unos ingresos de cientos de millones de euros que, a su vez, generan una rentabilidad que no es nada despreciable. Esa empresa ha hecho una gran aportación a Galicia, por supuesto, pero también ha hecho y sigue haciendo un gran negocio, un negocio redondo.
El puente y la autopista están más que amortizados y en 2017 el BNG (Bloque Nacionalista Galego) propuso en el Parlamento de Galicia que la autopista pasara a manos de la Xunta de Galicia. Luego, en 2018, el Congreso de los Diputados aprobó la iniciación del trámite casi por unanimidad, a excepción del Ciudadanos, aunque el Partido Popular, con mayoría absoluta, bloqueó la iniciativa durante años. Los continuos atascos de circulación provocados por el puente conllevaron una ampliación utilizando parte de sus márgenes de seguridad, en vez de construir un nuevo puente en otro emplazamiento; el caso era mantener la concesión.
Caso aparte merecen las gentes de O Morrazo, obligadas a la utilización del Puente de Rande. Todos unidos y con gran inteligencia consiguieron forzar la gratuidad para comunicar el extremo sur del puente con la desviación a O Morrazo. Todavía se recuerdan las colas interminables en el peaje provocadas por el pago en calderilla, una legalidad muy incómoda. Como consecuencia, muchos conductores en dirección a Vigo ahora toman el desvío a O Morrazo para beneficiarse del descuento y luego retornan a la autopista, ahorrándose una parte del viaje. Aunque esa maniobra perfectamente legal constituye un agravio para quienes no conozcan ese mecanismo de gratuidad ganado a pulso con la inteligencia de las gentes de O Morrazo, acostumbrados a luchar durante siglos contra los piratas.
En la actualidad, la presencia del BNG en el Gobierno español ha forzado las cosas para retomar el tema de la Autopista del Atlántico y quienes utilizan con frecuencia el puente y la autopista esperan una solución favorable cuanto antes. El puente y la autopista ya están más que amortizados. Se trata de un bien de servicio público y su entera propiedad debería revertir a la Xunta de Galicia de una vez por todas, pero sin compensación de ningún tipo a la empresa. Lo malo es que existen muchos intereses en torno a este puente y a esta autopista. Al fin y al cabo, parecen las gallinas de los huevos de oro.
