Esta determinación obedece a la reclamación de un sector de la población que reivindica poder despedir a sus seres queridos mediante un rito civil, que no haga alusión a creencias con las que el fallecido no comulgaba. Puesto que el aforo de las escasas salas que carecían de simbología religiosa se quedaba corto, han decidido tapar estos símbolos en todas ellas y lucirlos únicamente si la familia del fallecido lo reclama.
No han tardado en salir voces discrepantes tachando al nuevo consistorio de anticatólico revanchista, y apoyados por la prensa más reaccionaria, como no podía ser de otro modo, ha sacado las cosas del tiesto.
La historia de España, con respecto a los enterramientos civiles, se remonta a 1855, mediante una ley que exigía a los alcaldes y ayuntamientos que los restos de los finados, fuera de la comunidad católica, fueran custodiados y enterrados con el debido respeto y se les diese digna sepultura. Ni que decir tiene que esto levantó muchas ampollas entre gran parte de la población, y la falta de cumplimiento de la ley por parte de muchos consistorios alteró aún más los ánimos, ya que consideraban a estos ciudadanos malos cristianos y peores españoles. Recordemos que por aquel entonces reinaba Isabel II, hija de Fernando VII, aquel que restableció la Santa Inquisición. Nuestros vecinos franceses, los ilustrados que un día se pasearon por España, ya habían solventado el problema sin dificultades ni reyertas.
Una ley de 1882 incorporó la necesidad de contar con espacios separados para los no católicos en los cementerios de nueva creación. Desde entonces, se exigirá un espacio dedicado a todos los no católicos en las cabezas de partido judicial que cuenten con una cifra superior a 600 habitantes. Nuevamente, en la práctica, lo que ocurría era que se enterraba al no católico junto a la tapia del cementerio correspondiente, en la parte exterior, provisionalmente, hasta que un fallo judicial eclesiástico le admitiera dentro del recinto.
La llegada de la II República marcó un antes y un después para los enterramientos no católicos. Desaparecieron los muros que separaban la parte de creyentes y no creyentes de los nuevos cementerios y, a partir de entonces, se producirá la secularización total de los camposantos, proclamando la libertad de conciencia y el derecho a profesar y practicar libremente cualquier religión, recordemos que el primer bienio republicano fue profundamente anticlerical. Con ello se decreta que los cementerios se rijan por la jurisdicción civil, y no eclesiástica, y que no podrá haber separación por motivos religiosos entre los finados, estableciéndose que los ritos funerarios se hagan únicamente en la sepultura. Esto permanecerá hasta los decretos firmados por el régimen franquista una vez finalizada la guerra civil.
El fin de la contienda civil en 1939 significará una vuelta atrás, o hacia adelante, según el criterio de cada cual, restableciéndose el levantamiento de tapias que separen los cementerios civiles de los católicos. Se le devuelven a la Iglesia los camposantos incautados por el gobierno y, los civiles quedan sujetos a la legislación gubernamental, la cual exige la eliminación de inscripciones y símbolos hostiles u ofensivos hacia la religión católica o la moral cristiana.
También se crearán cementerios provisionales para los mártires de la Cruzada, personas asesinadas por rojos que todavía no han sido identificados o reclamados por sus familiares, en terrenos declarados tierra sagrada por la correspondiente autoridad eclesiástica.
Ya en democracia, la Constitución de 1978 restaura la libertad de culto y con ello la de despedir a los difuntos en función de sus creencias, emplazando los ritos a las sepulturas o capillas y derribando los muros que separan cementerios civiles y católicos.
Llegados a este punto, somos algunos los que hemos querido despedir a nuestros más allegados mediante ceremonias civiles y no eclesiásticas y, o bien lo hemos conseguido con mucho esfuerzo o ha sido de todo punto imposible, todo depende de dónde se realice la despedida, no es lo mismo una gran ciudad, que un pueblo en la Galicia profunda.
El alcalde de Valencia, desde mi punto de vista, ha convertido en más sencillo lo que una parte de su ciudadanía reclamaba desde hace años. Contentar a unos, no significa restarle derechos a otros.
