Las personas de edad se pueden sentar en él para descansar cuando suben por esa cuesta que bien puede representar la vida. Pero el banco lo han puesto inclinado e irán resbalando hasta caerse por el lateral. Con las residencias ocurre lo mismo. Inicialmente, pagaban un porcentaje de su pensión que estaba calculado para que, por lo menos, les quedara una pequeña cantidad con la que pudieran abordar ciertos gastos de pequeña entidad como el callista, la peluquería, o algún refresco. Pero las cosas han cambiado y ese porcentaje se ha incrementado notablemente hasta el punto de alcanzar los novecientos euros (900 €). Y como quiera que la pensión de muchos residentes no alcanzan esa cifra, la diferencia se la descuentan a los familiares o incluso de sus propios bienes. El origen de todo esto es una norma estatal aprobada en el año 2013 y de libre aplicación. En el caso de Galicia se aplica sin contemplaciones y una agrupación de familiares ha iniciado las acciones oportunas para paralizar lo que es una auténtica vergüenza.
Por supuesto que los costes aumentan, pero las personas de la tercera edad que viven en residencias públicas no son, precisamente, los más privilegiados por el sistema de pensiones públicas, sino las personas que sobreviven con pensiones bajas. Y eso no parece importarle a nuestros dirigentes que llenan la boca con promesas que nunca cumplirán y con razonamientos imposibles. Pero los españoles, y en particular los gallegos, seguimos callados, asumiendo todo lo que nos hagan sin mostrar resistencia. Cabría preguntarse, ¿cómo es posible que sigamos alimentando económicamente una tupida red de cargos políticos con sueldos astronómicos y su correspondiente e inacabable lista de asesores con honorarios no menos significativos? ¿Cómo es posible que todavía sigamos alimentando económicamente instituciones obsoletas de coste prohibitivo? España, reconozcámoslo, es un auténtico derroche de norte a sur y de este a oeste. En la actualidad se habla mucho de Grecia y de unas costumbres que llevaron al país heleno hasta una situación caótica, pero España no le queda demasiado atrás, simplemente no ha estallado la misma situación porque nuestros políticos todavía siguen trampeando las cuentas.
Una noticia que hoy ha pasado casi inadvertida para muchos lectores menciona un estudio en el que se afirma que la caja española de las pensiones puede quedar vacía en tres años, dando a entender que a partir de ese momento no habrá dinero para pagar las pensiones, ni de los que ya están cobrándolas ni de aquellas personas que accedan a partir de ese momento al sistema de pensiones.
El estudio ha sido realizado por la formación sindical UGT (Unión General de Trabajadores). El estudio indica que en el año 2011 el fondo superaba los sesenta y cinco mil millones de euros, mientras que en la actualidad la cifra apenas supera los cuarenta mil.
Los gobiernos llevan varios años resolviendo muchos problemas económicos gracias a esta caja de las pensiones, a esta reserva que debiera ser intocable. Pero esa solución va mermando los fondos que estaban destinados a mantener a los mayores, y, de seguir así las cosas, y de confirmarse como ciertos los resultados del mencionado estudio, dentro de unos años sólo podrán tener una vejez digna quienes hayan podido hacerse con una buena reserva personal de dinero, porque las arcas públicas ya habrán sido saqueadas por unos administradores que, en realidad, sólo se han preocupado por su futuro personal y no por el de los ciudadanos que los han encumbrando en el poder.
Ese negro futuro del que estamos hablando no está tan lejano, basta observar, precisamente, lo que acaba acontecer con el llamado “copago confiscatorio”, ese eufemismo de robo legal que deja sin pensión a quienes viven en las residencias públicas y que, si es necesario, robará, también, a sus familiares y les quitará sus bienes. Nos referimos a esos ciudadanos que han trabajado toda una vida laboral, que han cotizado religiosamente a las arcas de la Seguridad Social, que han pagado puntual y fielmente sus impuestos, y que ahora se encontrarán que el Estado les dará la espalda cuando más lo necesitan, cuando son demasiado débiles para iniciar una lucha por unos derechos que les corresponden siquiera moralmente, puesto que quienes dirigen los destinos de este país convertido en cueva de ladrones siempre cambian la ley al antojo de sus propios intereses. En fin, que entre unos y otros están dejando a España totalmente arrasada y ahora ni siquiera respetan a los mayores. Una auténtica vergüenza. Intolerable.
