Yo creo que es algo que va ligado al poder, porque está suficientemente comprobado que los políticos cuando llegan a un alto cargo les molesta profundamente que los periodistas (y no digamos la ciudadanía) critiquen cualquiera de sus decisiones. Y cuanto más importante es el cargo más les molesta.
Como el que esto escribe ya tiene una edad pudo vivir el final del franquismo. En aquella época, en términos de libertad de expresión, estaba en vigor la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 de Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo.
Dicha ley acababa con la censura previa de años anteriores, en los cuales los periódicos debían remitir sus ejemplares a la Dirección de Prensa del Mº. de Información, donde se podían retirar los artículos que no pasaban dicha censura.
Con la Ley Fraga se acaba con esta obligación y se permitía que las empresas periodísticas nombraran a sus propios directores, que antes eran nombrados por el ministerio. Pero aún así el Estado (o el Gobierno) mantenía el poder de sancionar y multar, e incluso de suspender si se les ocurría atentar contra las instituciones del Estado o contra el propio Jefe del Estado.
Hay que decir que los periodistas se tenían que tentar mucho la ropa porque dos sanciones implicaba su inhabilitación como profesional.
Pero podemos remontarnos a la época de la II República. En aquella época la libertad de expresión también salía muy malparada. En 1932 el gobierno, de republicanos y socialistas, organizó una fuerte represión contra la prensa ya que suspendió por decreto 120 diarios «por ser críticos con el gobierno», la razón era no hablar lo suficiente del golpe del General Sanjurjo.
Pero es que en 1934 el gobierno republicano de centro-derecha presidido por el radical Alejandro Lerroux también la emprendió contra la prensa, de forma parecida a la sucedida hacía dos años por el gobierno de izquierda.
Así que podemos ver que en la II Republica la censura de prensa fue algo habitual, al igual que la detención de periodistas incómodos, y además se utilizaban las instalaciones de Correos y de Telefónica para interceptar llamadas y telegramas de las agencias de noticias.
Vemos que tanto con los republicanos o con Franco en el poder la libertad de expresión en España ha sufrido grandes problemas.
Pero llegamos a 1978 con la incipiente Transición y entonces los españoles nos hacemos con una Carta Magna de corte democrático. En ella se hace referencia a la libertad de expresión en su capítulo 20, que dice así:
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Resumiendo mucho diremos que en la Constitución queda reflejado el derecho a reflejar nuestras ideas u opiniones por cualquier medio, que no cabe ningún tipo de censura previa, y que el secuestro de una publicación sólo podrá ejercerse bajo resolución judicial. Estos conceptos están claros como el agua y no cabe ninguna duda al respecto.
Pero hétenos aquí que esta semana salieron en prensa unas declaraciones de la Vicepresidenta primera del Gobierno donde anunciaba la creación de un Comité contra la Desinformación.
Así el BOE publicaba el pasado jueves 12 un «procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional», a través de una orden del Ministerio de la Presidencia.
«En dicho procedimiento, participará el citado Consejo de Seguridad Nacional que asiste al presidente del Gobierno, el Centro Nacional del Inteligencia (CNI), o la Secretaría de Estado de Comunicación del Ejecutivo que dirige Miguel Ángel Oliver».
Es decir que el Gobierno para luchar contra las campañas falsas ha creado una entidad gubernamental que será quien diga lo que es bulo y lo que no lo es. Y además estará capacitada para sancionar a los periodistas que han publicado las noticias que no gusten al propio Gobierno.
Podrían haber pensado en alguna instancia judicial para decidir lo que es falso o no, pero de la forma que lo han hecho el Gobierno se arroga el papel de juez y parte, lo que está absolutamente prohibido por nuestra Constitución.
Vamos a ver un ejemplo, si yo digo que en el comienzo de la pandemia el Gobierno no tuvo ninguna previsión para dotarse de material de protección para los sanitarios, y éstos tuvieron que protegerse, en muchos casos, con bolsas de basura, ¿eso qué es: bulo, fake o desinformación?
Pues no es nada de eso porque fue una auténtica realidad que vimos todos los ciudadanos. Pues supongo que publicar esto me podría suponer una sanción del citado comité.
Es triste pero con el tiempo vemos que en el apartado de la libertad de expresión de los españoles vamos hacia atrás, de más libertad a menos y a una sociedad cada vez más silenciada.
Estas líneas desde esta tribuna que me brinda www.vigoe.es son mi forma de protesta contra estos signos de involución democrática, que estamos viviendo hoy en España y que no presagian nada bueno.
Por todo ello los ciudadanos deberíamos apresurarnos a protestar y hacerlo… mientras podamos.
