Agentes de la Policía Nacional ha inspeccionado 166 establecimientos de hostelería de España en un operativo policial contra la distribución ilícita de la señal de televisión de partidos de fútbol masculino. Vigo se encuentra entre las ciudades que han sido objeto de estas inspecciones, que se han saldado con 166 personas imputadas como presuntos responsables de un delito contra la propiedad intelectual. Se estima que el perjuicio económico ocasionado a los titulares del contenido multimedia distribuido ilegalmente asciende a más de un millón de euros.
La investigación se inició en enero de 2022 a raíz de la denuncia interpuesta por La Liga contra locales de diferentes provincias españolas. En el transcurso de la investigación los agentes llevaron a cabo las comprobaciones oportunas de los establecimientos comerciales que emitían partidos de fútbol de las competiciones la Liga española y la Liga de Campeones europea.
Tras varias pesquisas, “se confirmó que 166 establecimientos de distintas ciudades españolas estaban implicados en la emisión fraudulenta de los partidos de fútbol”. Así lo indica la Policía Nacional, que detalla que esas localidades fueron Vigo, Sevilla, Málaga, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Palma de Mallorca, Gijón, Madrid, Las Palmas, Bilbao y Barcelona.
Con esta información se puso en marcha un macro operativo para realizar de manera coordinada la inspección de todos los establecimientos comerciales investigados durante el transcurso de una de las jornadas de la competición de fútbol masculino de la Liga. Como resultado, “se desarticuló toda la infraestructura que permitía la visualización ilegal del contenido multimedia de pago, con la identificación de los responsables y el cese del servicio ilegal que prestaban”.
A los titulares de los establecimientos comerciales investigados se les imputa un delito contra la propiedad intelectual como presuntos responsables de distribuir el contenido audiovisual de manera fraudulenta, ya que a través de decodificadores o micro controladores accedían de manera ilícita a contenido protegido emitido por canales codificados.
“Con esto obtenían un beneficio económico fraudulento, ya que ofrecían la posibilidad de ver eventos deportivos, únicamente emitidos a través de canales codificados que les hacía poseedores de un servicio extra que otros establecimientos no ofrecían. Se estima que el perjuicio económico ocasionado a los titulares del contenido audiovisual distribuido ilegalmente asciende a 1.066.386 euros”, relata la Policía Nacional en un comunicado.
