La situación provocó una repulsa unánime por parte de la afición, que salió en su defensa. Con todo, el “disparate” no concluyó ahí. La subdelegación del Gobierno acaba de trasladar a este seguidor una propuesta de multa por importe de 1.500 euros y prohibición de acceso a recintos deportivos durante tres meses. Él todavía no sale de su asombro.
“Cada vez se complica más”, confiesa a VIGOÉ el abonado implicado en este enredo. Un lío que parte de la declaración que traslada a la Policía Nacional el agente de Prosegur que le llamó la atención en un primer momento. “Relata una serie de hechos que no coinciden con la realidad. Dice que le increpo, que forcejeo, que digo ‘Ley mordaza, represión. No me voy’ y que impido su actuación, provocando que tenga que salir de la grada para no ser agredido. Es totalmente falso”, defiende.
De hecho, José H.F. anuncia que recurrirá la propuesta de sanción ante las instancias que haga falta. Primero, por la vía administrativa. Y, si es necesario, a través de los juzgados para “defender mis derechos”.
“Con las imágenes es fácil constatar la realidad en el campo y lo que hace cada uno. Se ve que no tengo ninguna actitud de increpar. Además, hay testigos. Yo le doy mis datos y le manifiesto que estoy en desacuerdo con la interpretación que está realizando de la norma y que no tengo ningún inconveniente en entregarle la bufanda a la Policía Nacional si así lo consideran ellos. Sí que me niego a acompañarle y a darle la bufanda a él, pero no le increpo”, alega.
Pero disponer de las imágenes que captan las cámaras de seguridad no está garantizado. No existe obligación de conservarlas indefinidamente, así que teme que puedan ser borradas. Por ello, ha pedido por escrito que se preserven. Otro factor es el cambio de criterio introducido en el último partido, en el que una pancarta de Celtarras lució en Río Bajo: “Antes era delito llevar una bufanda y ahora no”, compara.
Al margen de las acciones emprendidas, José echa de menos algo más. Algo muy importante para él: la restitución de su honor, “gravemente afectado”, lo cual pasa principalmente por unas disculpas públicas del Celta ante una actuación que considera “desproporcionada e inexplicable”.
“Puede parecer una chorrada, pero el daño que esto causa a tu honor, imagen y dignidad es tremendo. Sales a la calle y tienes que estar dando explicaciones de unos hechos lamentables. La gente comenta y pregunta. Sientes que tu imagen está cuestionada. Duele la injusticia y verte metido en semejante disparate”, relata.
Disculpas sólo en privado
Hasta ahora las disculpas del club han llegado únicamente en privado. El director general del Celta, Antonio Chaves, y el director de Seguridad, Julio Vargas, se las trasladaron personalmente. Pero no es suficiente. “Les he solicitado una aclaración pública pero se niegan a emitir un comunicado. En privado todo lo que quieras. Reconocen el disparate y despropósito del vigilante, pero nada más”, afirma. “El club no puede quedar en silencio y dejar tirado a un socio y accionista. Es en el espacio público donde eres cuestionado y es ahí donde esas disculpas deben tener repercusión para restablecer tu imagen”, añade.
Además, la entidad que dirige Carlos Mouriño siempre se ha remitido al cumplimiento de una normativa que viene impuesta por la Liga de Fútbol Profesional. Pero este socio con décadas a sus espaldas no ve sólo hacia arriba. También observa errores en la empresa que ha contratado el club, que a su juicio “debe poner orden” a unos controles que considera “anómalos”.
José ha vuelto a Balaídos después del incidente. Aunque le retuvieron el carné durante un tiempo, regresó tres partidos más tarde, en el choque contra el Betis. “Fue una sensación incómoda. Te sientes observado. Hay gente que cree que cometiste una ‘falcatruada’”, cuenta. Con todo, su retorno se antojaba necesario.
