La orden que regula las salidas a la calle por franjas horarias ha experimentado un importante cambio en las últimas horas. Tras sendas consultas del diputado del BNG, Néstor Rego, y de la Xunta de Galicia, el Gobierno de España ha aclarado que no sólo los ayuntamientos con una población inferior a 5.000 habitantes están exentos de esta restricción sino que todas aquellas “entidades colectivas” que no alcancen ese baremo también se encuentran al margen de la restricción.
En esa respuesta, el Gobierno hace referencia a la definición que recoge el Instituto Nacional de Estadística de “entidades colectivas”. El INE engloba en este término a las “parroquias, hermandades, concejos, diputaciones y otras” agrupaciones de territorio existentes en España. Así, el panorama cambia sensiblemente en Vigo, donde ocho parroquias se ven afectadas por este criterio que hasta ahora no se hallaba definido.
De esta forma, a Bembrive –que ya carecía de franjas horarias al tener rango de Entidad Local Menor- se unen Candeán, Alcabre, San Miguel de Oia, Saiáns, Matamá, Sárdoma, Zamáns y Cíes, que suman casi 21.000 habitantes. Mientras, otras parroquias se quedan cerca, como Coruxo, San Andrés de Comesaña, Valladares o Beade, que exceden por unos cientos el límite establecido.
Adicionalmente, hay otros casos que merecen un análisis más profundo, ya que Teis tiene consideración de parroquia y en muchos ámbitos se le atribuye entidad propia a la zona de San Salvador con una población que ronda los 2.300 habitantes, pero sin contar la parte integrada en el núcleo urbano, donde viven 35.000 personas.
Ante este nuevo escenario, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que dependen del Estado, deberán regirse por este nuevo criterio emitido por el propio Gobierno de España. Sin embargo, Abel Caballero se ha negado a asumirlo porque «no tengo conocimiento de esta cuestión». Así pues, la Policía Local seguirá denunciando a aquellos que incumplan la limitación horaria a pesar de que la propuesta de sanción no llegaría a consolidarse o sería recurrible. El alcalde de Vigo se ha escudado en que «ni el Gobierno de España ni la Xunta de Galicia me informaron de esto» y en que no ha visto ningún documento oficial al respecto, a pesar de haberlo.
La postura de Caballero choca frontalmente con la de otros regidores como el de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que no sólo ha asumido esta modificación sino que ha informado en rueda de prensa del impacto concreto que tendrá sobre la ciudad. Además, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció en redes sociales las consecuencias de la rectificación del Gobierno de España.
