La ciudadanía gallega tendrá que seguir esperando para saber a qué atenerse en este ‘reinicio’ del estado de alarma. La Xunta de Galicia reunió de urgencia a su comité clínico para el seguimiento de la pandemia este lunes por la tarde pero del encuentro no salió ninguna decisión firme. Sus miembros retomarán las conversaciones este martes por la mañana para determinar las medidas concretas que imperarán en las próximas semanas.
Aunque otras comunidades autónomas también convocaron ‘cumbres’ sanitarias de forma inmediata, no tardaron en anunciar sus preferencias dentro de las opciones planteadas por el Gobierno central. Por ejemplo, La Rioja, Navarra, Euskadi, Aragón y Asturias han implantado un cierre de sus límites territoriales, por lo que nadie podrá entrar o salir de estas regiones sin causa justificada (adquirir medicamentos, acudir al trabajo o a un centro sanitario, cuidar personas mayores, menores y dependientes o regresar al domicilio después de realizar alguna de las actividades anteriores).
Esta posibilidad no parece entrar dentro de los planes de Galicia, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, dejaba entrever por la mañana que no le gustaba la propuesta. El mandatario gallego, no obstante, no se pronunciaba sobre la franja horaria del toque de queda -su inicio y final se puede adelantar o atrasar una hora- y lo supeditaba al dictamen del comité clínico. Así pues, habrá que seguir esperando para salir de dudas acerca de los dos puntos clave que pueden delimitar las autonomías: el confinamiento perimentral y la duración de la prohibición de salir a la calle.
En todo caso, a las decisiones que finalmente se tomen habrá que añadir el límite impuesto para las reuniones privadas o públicas. Ahora mismo en Galicia no están permitidos los encuentros de más de cinco personas no convivientes.
El jefe del Ejecutivo autonómico se mostró además muy crítico este lunes con la nueva declaración del estado de alarma. Según declaró, que esta medida se pueda prorrogar hasta mayo resulta “demoledor para la confianza de la economía y para la reputación internacional de España”, además de un “enorme palo para el sector turístico y hotelero”.
