La Xunta de Galicia anunció este sábado que la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) aceptó el convenio para ayudar a los ayuntamientos medianos y pequeños a tramitar las sanciones relacionadas con los incumplimientos de las medidas relacionadas con el coronavirus que sean de su competencia. Así lo adelantó este sábado el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su visita al ayuntamiento de Pazos de Borbén.
Rueda señaló que la Xunta ha destinado a Pazos de Borbén más de 222.000 euros en ayudas desde 2009 y apuntó que es precisamente en esta colaboración fluida entre administraciones en la que se inscribe la iniciativa de la Xunta para ayudar a los ayuntamientos con menos recursos a tramitar los expedientes sancionadores. A través de este nuevo convenio -a lo que los ayuntamientos se pueden adherir voluntariamente-, personal empleado público de la Administración autonómica se encargará de llevar a cabo las actuaciones auxiliares y de colaboración material, lo que contribuiría a agilizar los procedimientos y paliar la carga administrativa de los ayuntamientos.
El Gobierno gallego señala en un comunicado que ya estaría en condiciones de comenzar a tramitar expedientes este mismo mes, después de que se formalice el acuerdo y siempre que comience a recibir la documentación necesaria por parte de los ayuntamientos. Según recoge el convenio, la Xunta se encargará de la elaboración, gestión y notificación de los distintos trámites de los procedimientos sancionadores derivados del Covid-19.
Además, la administración gallega asegura que dispondrá de unidades tramitadoras base, supervisoras y de coordinación que se encargarán de la elaboración material de los trámites en auxilio técnico de los instructores de los procedimientos designados por los ayuntamientos, que se encargarán de la formalización de los actos de carácter jurídico. Tanto las unidades tramitadoras como los ayuntamientos contarán con una guía de tramitación, en la que se recogerán todas las actuaciones necesarias para que las unidades tramitadoras puedan completar los expedientes electrónicos de cada procedimiento, antes de remitirlos a los ayuntamientos para su archivo.
Entre los trámites, el personal de la Xunta podrá encargarse de redactar los acuerdos de incoación; de realizar las notificaciones de estos acuerdos, con las que se acercarán las cartas de pago; o de elaborar propuestas de resolución en los casos en los que no se procediera al pago o cuando haya alegatos. Todo este apoyo se realizará siempre bajo la supervisión del ayuntamiento -nombradamente, del instructor-, que se deberá encargar de su formalización, como la firma de los acuerdos de incoación o de las propuestas de resolución. En definitiva, las unidades tramitadoras de la Xunta se encargarán de la redacción de documentos y los ayuntamientos de su revisión y firma.
