La Fiscalía pide penas de prisión, inhabilitación y multas para dos exalcaldes y un exconcejal de Nigrán, A.R.M., A.F.A y A.F.C., por amañar supuestamente la adjudicación del contrato de recogida de basura y limpieza a cambio de ‘mordidas’.
Los tres procesados, junto con otras seis personas (entre ellas la mujer de A.F., el entonces delegado de Cespa y varios funcionarios y técnicos) serán juzgados en la Audiencia provincial, una que la que sala de lo Penal 2 de Vigo, ha declarado que no tiene competencia para juzgar estos delitos.
Según el escrito de acusación pública, el entonces regidor de Nigrán, A.R., se concertó con el líder del partido independiente PINN, A.F. y con un concejal de esta formación, A.F., para ‘amañar’ la adjudicación del contrato de la basura.
Para ello, el alcalde sacó a concurso el servicio y él mismo se encargó de tramitar el pliego de condiciones, dando apenas 30 días para la presentación de ofertas. Asimismo, contrató a una consultora externa (cuyo ingeniero está también acusado) para que elaborase un informe que favoreciera la adjudicación a Cespa.
El regidor contó con el apoyo de los dos concejales, así como de dos funcionarios, un ingeniero municipal y un consultor para llevar a cabo su propósito y, finalmente, el contrato se adjudicó a esta empresa.
La Fiscalía sostiene que, a cambio, la concesionaria abonó al alcalde 102.173,35 euros; otros 88.206,71 euros al líder del PINN; y 7.409 euros a A.F. Además, Cespa alquiló varios locales de los que eran copropietarios la mujer de A.F. y dos funcionarios, y otro local propiedad de A.F., por unas rentas anuales “desproporcionadas”. Así, por los primeros locales se fijaron rentas que sumaban 16.560 euros anuales durante 16 años (aunque dichos locales dejaron de usarse en 2011, se siguió pagando el alquiler) y por el segundo local se fijó un alquiler anual de 57.696 euros.
Por estos hechos, el Ministerio Público considera a los principales encausados autores de los delitos de prevaricación y cohecho, mientras que el resto son acusados como cooperadores necesarios.
Así, pide para A.R. un año de prisión, 10 años de inhabilitación y multa de 50.000 euros; la misma pena solicita para el que era delegado de Cespa; para A.F. solicita un año de prisión y 5 años de inhabilitación, y multa de 3.000 euros; y para A.F., un años de prisión, 20 años de inhabilitación y 4.000 euros de multa.
