La Guardia Civil ha interceptado en la localidad de Arbo cerca de 1.000 litros de vino que “circulaban ilegalmente” en dos vehículos procedentes de Portugal. La intervención se produjo en el transcurso de un punto de verificación de vehículos que tenía establecido la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra en el puente internacional que comunica Arbo con la villa lusa de Melgaço.
Con motivo de las inspecciones aleatorias que se realizaban a los automóviles procedentes del país vecino, se pudo comprobar que dos furgonetas transportaban en la zona de carga una “importante cantidad de vino” envasado en bidones de acero de 30 y 50 litros de capacidad. La bebida no tenía “ningún tipo de documentación” y había sido comprada en una bodega de Portugal.
En una de las furgonetas viajaban 310 litros de vino, que según el conductor eran para consumo propio. En el otro vehículo se contabilizaron 680 litros, destinados a “repartir entre varios amigos”. Teniendo en cuenta que en ninguno de los dos casos se pudo justificar documentalmente la procedencia del vino, ni acreditar la circulación intracomunitaria de este producto, ni la exención del impuesto o su régimen suspensivo, las dos partidas se consideraron como sendas expediciones comerciales al superar los 90 litros que establece la Ley 38/92 de Impuestos Especiales.
La intervención concluyó con la inmovilización del vino, que quedó depositado en poder de los responsables. Al mismo tiempo, los conductores fueron denunciados por vía administrativa por infringir la normativa que regula la citada Ley.
Ropa con destino Vigo
Dentro del mismo orden de actuaciones, en la localidad de Tui se interceptó otra furgoneta procedente de Portugal que transportaba 50 sudaderas y 60 camisetas. La conductora, que manifestó ser una trabajadora autónoma, propietaria de una tienda de ropa en Vigo, alegó que las prendas las había adquirido en un mercadillo de la localidad fronteriza, sin ningún tipo de factura.
En este caso, la conductora de la furgoneta fue denunciada por infringir la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sobre expediciones comerciales, al tratarse de bienes no adquiridos para uso personal o familiar y sí para una actividad comercial.
