Las familias de los marineros fallecidos en el naufragio del ‘Villa de Pitanxo’, que se hundió el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova (Canadá), han presentado formalmente la querella criminal contra dos de los supervivientes, el patrón y su sobrino, y contra la casa armadora.
María José de Pazo, portavoz de los afectados, ha confirmado a Efe que las primeras querellas se presentaron el pasado viernes y a lo largo de esta semana, tras subsanar errores en los poderes firmados por las familias, se irán registrando las restantes.
Todas estas querellas, una por cada familia, aprecian indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, delitos graves contra la salud de los trabajadores, delitos de falsedad documental y un delito de encubrimiento.
Las familias identifican como presuntos autores, si bien en diferentes grados de responsabilidad, a dos de los supervivientes, el patrón Juan Enrique Padín y su sobrino, Eduardo Rial, y a la empresa armadora del arrastrero congelador, Pesquerías Nores, con sede en Marín (Pontevedra).
De Pazo ha explicado que las querellas están basadas en la investigación de la Guardia Civil sobre el naufragio, los informes de la Fiscalía en los que se aprecian indicios delictivos y los diferentes autos emitidos por la Audiencia Nacional.
“Hay indicios claros de criminalidad y así nos lo aseguran los numerosos peritos con los que hemos consultado”, ha señalado la portavoz de las familias, que confía en que la justicia establezca “qué nivel de responsabilidad tiene cada uno de ellos” en lo sucedido.
Esta querella contra los dos supervivientes -los que respaldaron la versión oficial del naufragio de la que duda la Fiscalía- y la casa armadora podría ampliarse en cuanto las familias accedan al contenido del segundo informe que está elaborando la Guardia Civil.
Este documento, según María José de Pazo, incluirá la investigación realizada a partir de las declaraciones ofrecidas por todas las partes, entre ellos los tres supervivientes, tras su llegada a España y a él “esperamos tener acceso muy pronto”.
El tercero es el ciudadano ghanés Samuel Kwesi, que contradijo a Padín y Rial al negar que el accidente estuviese provocado por un paro repentino en el motor principal.
La investigación, en todo caso, “está coja”, según De Pazo, al menos hasta que el Gobierno acceda a enviar medios al pecio hundido para comprobar en qué estado se encuentra y poder recabar pruebas que aclaren las causas que desencadenaron una de las mayores tragedias de la navegación española.
Oferta para bajar al pecio
Tras la oferta de una empresa de Noruega que contactó con la Xunta de Galicia para ofrecerles de forma gratuita un robot y un sónar de barrido lateral para bajar al lugar del hundimiento, el Gobierno “tiene que mover ficha”, subraya la hija de Francisco, el jefe de máquinas del ‘Villa de Pitanxo’ y el tripulante de más edad de todos los que iban enrolados, un total de 24.
“El tiempo apremia porque habría que bajar en junio y apenas queda margen”, ha vuelto a remarcar este lunes María José de Pazo, que espera que el presidente Pedro Sánchez o la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contesten a la petición que de manera reiterada han hecho las familias.
La Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) tiene en marcha su investigación.
Este órgano independiente, adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que empezó a trabajar sobre este asunto en el propio mes de febrero, dispone de un año para su conclusión.
