La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, ha solicitado por quinta vez en el último año una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El motivo de este enérgico y reiterado llamamiento es la gestión de la AP-9, la principal arteria de comunicación de Galicia, y la respuesta del Gobierno central ante el último dictamen de la Comisión Europea sobre las polémicas prórrogas de su contrato de concesión. Hasta ahora, las solicitudes de la conselleira no han obtenido respuesta.
El rescate de la autopista, la solución más ventajosa
En la carta enviada al ministro, Allegue expone la falta de información por parte del Gobierno central sobre cómo va a reaccionar ante el dictamen europeo. La conselleira quiere presentar un nuevo estudio de la Xunta de Galicia que concluye que el rescate de la concesión es, en este momento, la solución más ventajosa para el interés público. Este análisis, que actualiza los datos, cuantifica la medida en 2.356 millones de euros.
El estudio de la Xunta no solo calcula el coste de la indemnización, sino que también evalúa el impacto que la liberación del peaje tendría en el tráfico de la autopista. Un aspecto relevante del informe es el aumento del coste del rescate. El nuevo cálculo de 2.356 M€ en 2025 es superior a los 2.331 M€ estimados en 2024, a pesar de haber transcurrido un año más de concesión. La razón, según la Administración autonómica, es que el beneficio de la concesionaria es cada vez mayor, por lo que el coste de la indemnización también aumenta. Por esta razón, la Xunta concluye que el rescate debe afrontarse cuanto antes.
Precedentes y análisis de coste-beneficio
Allegue recuerda que la opción de estudiar el rescate ya fue sugerida por el Consejo de Obras Públicas y el Consejo de Estado en sus informes sobre el Real Decreto 680/2021, que introdujo las bonificaciones para los usuarios. Ambos organismos señalaron que, ante el «enorme compromiso de gasto previsto», se debía analizar la conveniencia de esta medida, una recomendación que, a su juicio, no fue atendida.
La conselleira insiste en que el Estado debe realizar un análisis de coste-beneficio similar al que elaboró para la circunvalación de la AP-7 en Alicante, que finalmente motivó la liberación definitiva del peaje. Este análisis demostró los beneficios socioeconómicos y medioambientales de la medida, algo que, según Allegue, también se daría en el caso de la AP-9.
Con esta nueva petición, la Xunta reitera su disposición a exponer los términos de su estudio y recuerda al Gobierno central la trascendencia de la gestión de la AP-9 para Galicia, instándolo a dar una respuesta a una solicitud que, hasta ahora, ha caído en el vacío.
