La asociación de consumidores En-Colectivo, que interpuso denuncia ante las autoridades europeas por el incumplimiento de la normativa comunitaria en la prórroga de la concesión de la autopista AP-9, ha insistido en que el Gobierno de España «no debe oponerse» a la carta de emplazamiento de la Comisión Europea -en el marco de un procedimiento por esa prórroga irregular– porque «no le queda argumentación» para hacerlo, sino asumir el rescate de la autopista.
Este sábado finaliza el plazo (ya prorrogado) que la UE dio al Gobierno de España para exponer sus argumentos ante la segunda carta de emplazamiento remitida en el marco de este expediente, sin que hayan trascendido por el momento las justificaciones del Ejecutivo.
En todo caso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, sí ha expresado en diversas ocasiones que el Gobierno no ve viable el rescate de la autopista. La última vez, en junio pasado, expresó que dicho rescate tendría un coste de unos 4.000 millones de euros, a los que habría que sumar entre 1.260 y 2.600 millones del coste de la transferencia a Galicia, y cerró la puerta a tal medida.
En-Colectivo ha advertido de que, tras un primer intento del Gobierno de acogerse a una excepcionalidad para validar la prórroga de la concesión (aprobada por el Ejecutivo de Aznar en el año 2000) «ya no queda más argumentación».
Según ha apuntado a Europa Press su presidente, Diego Maraña, «la Comisión ya dejó claro que hubo un incumplimiento de la ley, y que la intención clara de la prórroga de la concesión era revalorizar la autopista para su venta».
Cabe recordar al respecto que la denuncia se interpuso porque no se cumplió la normativa europea en materia de licitación, ya que la prórroga, de 25 años, se aprobó sin convocarse un concurso público.
Por otra parte, la asociación ha insistido en que recuperar para lo público la AP-9 es mucho menos gravoso que mantener la autopista con peajes hasta 2048, y ha recordado que «en 56 años, solo se ha amortizado el 40 % de la autopista» porque la recaudación se ha destinado mayoritariamente a beneficios. Por ello, no comparte las estimaciones del Gobierno sobre el coste real del rescate, que «sería mucho menor».
Así las cosas, y a las puertas de que expire el plazo dado por la Comisión, ha vuelto a pedir al Gobierno que no se oponga a la carta de emplazamiento y anule la concesión, abonando la indemnización «que determine un juez» a la empresa.
Finalmente, ha lamentado otra vez que el Ejecutivo no haya cumplido el compromiso adquirido en el acuerdo de investidura con el BNG, «dejando a los gallegos de últimos, mientras que le da todo a Cataluña».
