Tras una larga investigación que comenzó a finales del año 2022, la Agencia Tributaria, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Judiciaria de Braga, acaban de desarticular a una organización criminal que se dedicaba a la fabricación de ‘narcolanchas’ y a la distribución de droga.
En el marco de la operación nombrada ‘Rebote-Ceira-Lobo’, la macrooperación policial entre Galicia y Portugal, en la que estuvieron implicados más de 200 agentes, se desencadenó en la madrugada del pasado 2 de octubre, cuando los agentes del orden llevaron a cabo de forma conjunta 19 entradas y registros en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y en Portugal, con el resultado de la detención de 14 personas.
Pero el operativo no se quedó ahí ya que, en los días posteriores, se produjo la detención de otras 14 personas, todos ellos integrantes de una organización criminal a los que se les imputan los delitos de tráfico de drogas, contrabando y organización criminal.
Durante la práctica de las diligencias de entrada y registro, y en los días posteriores, se procedió a la detención de las 28 personas, a la vez que se intervinieron 23 kilos de heroína, dos plantaciones de marihuana y cinco kilos de cogollos, cuatro ‘narcolanchas’, más de 150.000 euros en efectivo, tres vehículos con distintivos de ocultación y diversos efectos informáticos y telefónicos.
Distintas ubicaciones
Con todo, y según informan desde la Agencia Tributaria, la investigación se inició tras tener conocimiento de la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada, que se dedicaba a la construcción y puesta a punto de embarcaciones tipo EAV (consideradas como género prohibido), las cuales serían empleadas para la introducción de grandes cantidades de sustancias estupefacientes en territorio nacional.
Para ello, esta organización contaría con distintas ubicaciones de seguridad en las que llevarían a cabo la fabricación de este tipo de embarcaciones.
De hecho, han localizado una nave en Sanxenxo y otra en A Illa de Arousa, en las que realizarían las primeras fases de esta fabricación. La organización también contaba con sendas naves industriales en la zona norte de Portugal, en las que se finalizarían las actividades.
Durante la investigación, matizan, «se ha podido frustrar» la botadura de dos embarcaciones tipo EAV, la primera de ellas en septiembre del año 2023, cuando iba a ser botada al río Miño, en la freguesía de Lanhelas, en la localidad portuguesa de Caminha, y la segunda el pasado día 1 de febrero de 2024, esta vez en la localidad de Moguer (Huelva).
Coordinación internacional
Tras varios meses, los investigadores lograron identificar a todos los integrantes de la organización, así como su ‘modus operandi’, obteniendo indicios sólidos de su participación en la actividad delictiva investigada.
Si bien, al tratarse de una organización con un marcado carácter transnacional, que actuaba tanto en España como en Portugal, por parte de la magistrada del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número cuatro de Cambados y el fiscal antidroga de Pontevedra, se valoró la necesidad de coordinar las investigaciones judiciales con las autoridades lusas, por lo que, tras la pertinente reunión de coordinación en Eurojust, se decidió crear un equipo conjunto de investigación, a fin de contar con las herramientas necesarias para desarticular por completo esta organización criminal.
Posteriormente se pudo constatar cómo los investigados no se dedicarían únicamente a la fabricación de embarcaciones tipo EAV, botadura y gestión de las distintas tripulaciones, ya que, fruto de las vigilancias realizadas, se pudieron obtener indicios de que realizarían de forma paralela la distribución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes.
Una vez recabados todos los indicios, por parte de los investigadores se solicitaron las necesarias diligencias de entrada y registro, 18 en España y una en Portugal, que fueron autorizadas por las autoridades judiciales lusa y española.
Más de 200 agentes
Tras las autorizaciones, se desencadenó el operativo el pasado 2 de octubre, en el que participaron más de 200 agentes de los distintos cuerpos, entre ellos, además de las unidades investigadoras (Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Pontevedra, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancias de Pontevedra y el Grupo I de UDYCO de la Comisaría Provincial de Pontevedra), colaboraron el GRS de Pontevedra y León, USECIC de Pontevedra y A Coruña, por parte de Guardia Civil; y UIP de Vigo, GOES de A Coruña y UPR, por parte de Policía Nacional.
