La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional que ha rechazado por unanimidad el recurso del Gobierno central contra la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (LOLGA).
El Gobierno central presentó el pasado 11 de octubre un recurso ante el Constitucional al entender que dicha norma invadía «competencias exclusivas del Estado que derivan de la titularidad del dominio público marítimo terrestre e infringiendo la Ley y el Reglamento de Costas».
Con la aprobación de esta sentencia, la Xunta de Galicia reafirma sus competencias sobre la costa y no tendrá que modificar su Estatuto de Autonomía. El TC avala por unanimidad la ley gallega y desestima 70 de las 72 impugnaciones presentadas por el Gobierno central.
Solo hay dos aspectos de la LOLGA que la sentencia considera inconstitucionales: la «posibilidad» de que los sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales puedan ocupar el dominio público marítimo-terrestre y el «trato privilegiado» de las embarcaciones gallegas frente al resto de embarcaciones.
Esta sentencia no implica que Galicia pueda empezar a gestionar de forma inmediata el litoral, para ello es necesario que el Estado acepte la ley, acceda a transferir las competencias y los medios, tanto personales como económicos, y apruebe un real decreto de conformidad con el traspaso.
Sin embargo, la Xunta ha ganado una importante batalla política al Gobierno central ya que dispondrá del marco legal para asumir el control sobre todos los usos y actividades de la costa, incluyendo las actividades empresariales vinculadas al mar.
Desde la CEP se valora muy positivamente la aprobación de esta sentencia, pues el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) pasará a ser responsabilidad única de la Xunta, se abrirá la posibilidad de otorgar una segunda vida a 301 edificaciones abandonadas y los establecimientos de la cadena mar-industria alimentaria podrán ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre cuando necesiten captar o devolver agua para sus procesos, siempre que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.
Para el presidente de la CEP “es aliviante y satisfactorio que las empresas del litoral no tengan que retirarse, pues necesitan del agua del mar para continuar con su actividad y son esenciales para la industria marítima autonómica y el bienestar del tejido económico de la provincia y de la comunidad gallega”.
