La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha celebrado este martes una reunión extraordinaria de su comisión ejecutiva en la que ha acordado la elaboración de un protocolo de seguridad para el personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de las distintas localidades gallegas, después de la muerte de una trabajadora la semana pasada en O Porriño (Pontevedra) a manos, presuntamente, del marido de la anciana a la que cuidaba.
Según recoge la Fegamp en un comunicado, la comisión ha decidido por unanimidad promover esta mesa en la que pretende que estén presentes representantes de la Xunta de Galicia, del Gobierno central, de la patronal del sector, de las organizaciones sindicales y del Colegio Oficial del Trabajo Social de Galicia.
La idea es celebrar la primera mesa «lo antes posible» para la elaboración de este protocolo por todas las partes implicadas en el SAF en el ámbito de sus competencias como administraciones, de sus relaciones laborales, de sus condiciones de seguridad y de su conocimiento profesional de la actividad.
Por ello, se solicitará a todos los que formen parte de la mesa sus aportaciones para la creación de este documento, además de recabar toda la información existente en otras comunidades autonómicas sobre nuevas medidas de seguridad en el desarrollo de trabajos de atención a personas dependientes en sus hogares, «para facilitar y agilizar los trabajos de esta mesa».
CIG y Xunta
Precisamente esta mañana la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha presentado en rueda de prensa una propuesta de Protocolo de actuación ante situaciones de violencia en el trabajo en el sector del SAF, emplazando a las administraciones a elaborar, «con urgencia», este documento.
La organización sindical ha lamentado que, seis días después de que se instase a la Xunta, a la Fegamp, a la patronal y a Inspección de Trabajo a sentarse para diseñar este protocolo «sigue sin haber respuesta».
Así, ha rechazado la «falta absoluta de sensibilidad» de los representantes de las administraciones porque «se sigue en la misma situación de riesgo grave e inminente ante la ausencia de una actuación real dirigida a evitar que se repitan situaciones como esta».
Para el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, se trata «de un problema de voluntad política por parte de la Xunta de Galicia, pero también de los ayuntamientos».
«¿Cuántas muertas más tiene que haber para que alguien haga algo?», ha lamentado, emplazando nuevamente a las administraciones a una reunión conjunta en la que todos puedan elaborar un protocolo «que haga seguro y evite el riesgo grave inminente al que están sometidas las mujeres en el SAF».
Respuesta de la Xunta
Por su parte, este mismo martes la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha contestado a la carta enviada por la CIG, compartiendo la «conmoción» de la sociedad gallega por el crimen de Tesesa de Jesús en O Porriño, «después de trasladarle al sindicado y a la empresa la situación que padecía en el domicilio en el que prestaba» servicio.
Tras reivindicar la «labor fundamental» de las mujeres que se dedican a la ayuda en el hogar, Fabiola García le ha recordado al sindicado que el SAF es una competencia municipal desde que se aprobó la ley de servicios sociales de Galicia en 2008 durante el bipartito del BNG y el PSOE.
«Por tanto, damos traslado de su escrito a la Fegamp, a la que reiteraremos el ofrecimiento del Gobierno gallego para colaborar en la elaboración de un protocolo de protección y atención para todo el personal SAF de Galicia», ha apuntado la conselleira, que ha dicho que la Xunta seguirá velando por el correcto funcionamiento del servicio a través del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral y de Inspección de Traballo.
«Reiteramos nuestro pesar y repulsa por el crimen ocurrido en O Porriño y solicitamos la colaboración de su sindicato para trasladarles a todas sus afiliadas la necesidad de trasladar ante las entidades que prestan el servicio, ante los ayuntamientos y ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cualquier situación de acoso que vivan en los domicilios en los que trabajan», sentencia García en su carta a la CIG.
