El Gobierno ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales para afrontar el encarecimiento de la cesta de la compra, y ha avanzado un nuevo impuesto a las empresas energéticas que entrará en vigor en 2023.
Ese pago único de 200 euros es una de las nuevas medidas del decreto ley aprobado este sábado en Consejo de Ministros extraordinario, por el que también se prorrogan hasta final de año las medidas vigentes desde el 1 de abril que incluían la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y ayudas a los sectores más afectados por el impacto de la guerra en Ucrania.
Entre las novedades también está la congelación del precio de la bombona de butano y la rebaja del 50% de los abonos de transporte de titularidad estatal (como los de Renfe) y del 30 % para los expedidos por las comunidades autónomas y entidades locales, que podrán elevar esa ayuda hasta el 50 % con recursos propios.
A ello se suma la rebaja ya anunciada esta semana del IVA de la factura de la luz del 10 al 5 % y la subida del 15 % de las pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas, que supondrá 60 euros al mes y 360 euros a final de año.
El coste estimado de todas las medidas del decreto ley es de 9.100 millones de euros, «un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista presupuestario», según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha explicado en rueda de prensa que 5.500 millones serán gasto y 3.600 millones serán reducción de ingresos.
En total, el Gobierno habrá destinado desde el 1 de abril y hasta final de 2022 más de 15.000 millones de euros en su plan de choque frente a la crisis energética y la elevada inflación provocada por la invasión de Ucrania por Moscú.
Sánchez ha destacado que esa cantidad supone más de un punto de PIB y que servirá para contener la inflación española en 3,5 puntos.
