El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que su Ejecutivo ha decidido este lunes dar un mes de plazo al Gobierno central para que le remita documentación sobre el proceso de infracción abierto por la Comisión Europea (CE) en relación a la prórroga de la AP-9 o llevará el asunto a los tribunales.
Lo ha trasladado al término de la reunión semanal del Ejecutivo, en una comparecencia ante los medios en la que ha recordado que hace más de tres meses que la Xunta pidió al Ministerio de Transportes que le facilitase la documentación enviada por la Comisión Europea (CE), que considera ilegal la prórroga autorizada en su día por el Ejecutivo central cuando lo presidía el ‘popular’ José María Aznar; así como la respuesta del propio Gobierno español a Europa.
«No tuvimos ningún tipo de respuesta, volvimos a insistir y hoy acordamos dar un plazo. Si en el plazo de un mes no se nos aporta lo solicitado, emprenderemos acciones judiciales y entablaremos un recurso contencioso administrativo por esta falta de respuesta del Gobierno central», ha advertido Rueda.
El presidente gallego ha incidido en que el Parlamento acordó «por unanimidad» que lo más favorable, aprovechando la coyuntura europea, era el «rescate» y posterior transferencia de la titularidad de esta infraestructura estratégica para Galicia, ya que «vertebra el 60% de su territorio».
«Es la mejor, la única solución», ha incidido Rueda, quien ha lamentado que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez se haya manifestado hasta ahora en sentido «negativo» y que, mientras se efectúan rebajas de peajes en otros puntos de España, en la AP-9 sigan al alza cada nuevo ejercicio.
Cálculos de la Xunta
La Xunta ha recordado sus cálculos sobre el coste del rescate en relación con la permanencia de la prórroga hasta 2048, que plasmó en un estudio en 2024 que estimaba inicialmente la cifra en 2.331 millones, equiparables a lo que supondría atender la política de bonificaciones desarrollada por el Gobierno estatal hasta esa fecha.
Actualizado este cálculo el pasado agosto de 2025 –informado por el Consello da Xunta– la cuantía se eleva hasta los 2.356 millones, una nueva estimación en la que destaca el incremento en 65 millones del lucro cesante de la concesionaria, como consecuencia del aumento de sus beneficios.
La Xunta considera que la gestión de la autopista por parte del Estado nos últimos años ha resultado «perjudicial para el interés general». Entre los principales efectos señalados figuran «la subida continuada y desproporcionada de los peajes y el enriquecimiento progresivo de la concesionaria».
