El comité de personal de Política Social de Pontevedra se ha vuelto a concentrar este viernes para denunciar la situación “límite” que se vive en las residencias de mayores dependientes de la Xunta, a la que han acusado de ser “cómplice del maltrato» que «sufren» tanto los profesionales como los usuarios mayores por parte de los residentes psiquiátricos que conviven en el mismo espacio.
La portavoz de CSIF, Montse Rodríguez Arribas, acusó a la Administración Autonómica de «estar convirtiendo» estos centros en «auténticos almacenes de personas en emergencia”, en lugar de garantizar “una vejez digna y segura para nuestros mayores”.
En este sentido, recordó que este tipo de centros residenciales «no fueron concebidos» para atender a personas con problemas psiquiátricos o de adicciones, por lo que no cuentan con el personal formado ni con medios especializados para atender estas patologías.
“No pretendemos estigmatizar a estos usuarios –explican desde el comité- sino asegurar un atención adecuada tanto para las personas con patologías psiquiátricas como para el resto de los residentes”.
Según explicó Rodríguez Arribas, las personas mayores “viven atemorizadas” por las «continuas agresiones, incluidas las sexuales», que se producen en los centros, y que —pese a haber sido denunciadas en reiteradas ocasiones— la Consellería de Política Social “sigue mirando hacia otro lado”. “Estamos ante una situación de maltrato institucional, tanto hacia los trabajadores como hacia los usuarios”, advirtió.
Con patologías psiquiátricas
El comité denuncia que la Consellería ha «impuesto» el ingreso en residencias de mayores de personas con patologías psiquiátricas, adicciones o medidas judiciales, cuando estos centros «no cuentan ni con personal especializado ni con los medios necesarios» para atender adecuadamente a este colectivo.
«Esta decisión política», subrayan, ha generado «un clima de violencia, amenazas y estrés laboral que pone en riesgo la integridad física y mental» de las trabajadoras —mayoritariamente mujeres mayores de 50 años— además de «la seguridad de los residentes», siendo uno de los casos más graves el del CRAPD Vigo 1, matizan.
Un caso en Fiscalía
Con todo, relatan que, en septiembre de 2023, una trabajadora fue víctima de una agresión sexual en un centro, un caso que fue denunciado ante Fiscalía y el juzgado. Desde entonces, el comité ha mantenido reuniones y presentado denuncias ante la Secretaría Xeral Técnica, la Inspección de Trabajo y la Valedora do Pobo, «sin que la Consellería haya adoptado medidas efectivas», lamentan.
Los representantes sindicales alertan de que la situación puede desembocar en “episodios extremos de violencia con consecuencias irreparables”.
Por ello reclaman que se garantice una atención diferenciada para las personas con problemáticas psiquiátricas o sociales, sin que compartan espacio, recursos y personal con las personas mayores.
“El personal debe estar protegido y las personas mayores respetadas. La violencia cero en las residencias debe ser una prioridad. La Consellería tiene mucho de política, poco de social y nada de igualdad”, concluyeron.
