El curso escolar (y político) este mes de septiembre comenzó en Vigo con varios frentes abiertos -como viene siendo habitual- entre el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia o, lo que es lo mismo, entre las administraciones gobernadas por PSOE y PP.
Uno de los puntos más candentes y que mayor preocupación ha generado en la población viguesa es el ‘sablazo’ que todos los hogares de la ciudad han visto reflejado en sus cuentas a raíz de la tasa de la basura, el popular ‘lixo’. Y lo que han hecho los responsables de las administraciones es tirarse los trastos -y las culpas- unos a otros.
Desde Praza do Rei apuntan a la Xunta y a Sogama; el PP, a los gobiernos de Abel Caballero y Pedro Sánchez por no subvencionar en mayor medida este incremento. Y en Moncloa señalan a la Unión Europea debido a la implantación de la Directiva Marco de Residuos (2008/98/CE) que se aprobó ya en 2008 y que fue reformada años después, en 2018, con el objetivo de controlar el impacto de la gestión de residuos y cumplir así con los compromisos europeos hacia una economía circular.
El papel de cada administración
En una escala de menor a mayor rango, lo cierto es que la imposición de la nueva tasa de la basura en Vigo se aplica tras la aprobación de la nueva ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la recogida de la basura (ordenanza nº 16), que cualquier ciudadano puede consultar en la web del Concello.
Su exposición pública se hizo efectiva en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPPO) el pasado 17 de junio, donde se especifica que el nuevo documento fue aprobado por el concejal delegado del área de Presupuestos y Hacienda de Vigo, Jaime Aneiros, el 11 de junio de 2025, señalando ya en su primer artículo que el hecho imponible de la «tasa para la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos de competencia local», se realiza «de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.5 de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular«, que entró en vigor en el año 2023 y responde a dicha imposición europea.
Desde el grupo municipal del PP de Vigo lo alertaron en su momento acusando al alcalde vigués de «callarse» el incremento y las modificaciones en el cobro de la tasa de la basura. El portavoz del grupo popular, Miguel Martín, se centró en que se trataba de una «decisión unilateral y arbitraria» del Gobierno de Pedro Sánchez que Caballero asumía y que no era una «imposición» de la Unión Europea, sino que únicamente era una posibilidad más entre otras muchas medidas susceptibles de adoptar, «tal y como reconoció la propia Comisión Parlamentaria a preguntas del PP», dijo hace unos meses.
Pero el verdadero ventilador de las acusaciones políticas comenzó a principios de este mes, cuando todos los vigueses y viguesas vieron afectado realmente su bolsillo por la imposición y cobro de la nueva tasa, efectivo el mismo 1 de septiembre.
Una cifra que oscila entre los 123 y los 138 euros dependiendo del domicilio y que, en términos relativos, se trata de encarecimientos que van desde el 33% hasta el 49% con respecto al pasado año 2024.
Se pone el foco en Sogama
Y aquí fue cuando el alcalde Abel Caballero sacó toda su artillería poniendo el foco en Sogama y lanzando, incluso, un órdago a la Xunta. Y es que en Vigo, pese a que la recogida de la basura recae en la concesionaria FCC Medio Ambiente S.A.U., a quien el pasado año se le prorrogó el contrato por 10 años más, la gestión y tratamiento de los residuos urbanos se delegó en su día -como la mayoría de concellos gallegos- a la empresa pública autonómica, adscrita a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y que, según su propia página web, «se concibe como un instrumento operativo al servicio de la política ambiental de Galicia y al servicio del gobierno de la Xunta en general».
El regidor culpó así de la subida de la tasa de la basura a la empresa dependiente de la Administración autonómica, segundo nivel de jerarquía institucional a la hora de aplicar la Directiva Marco Europea. Y explicó que se debe a la «escalofriante» subida que desde Vigo se tiene que pagar a Sogama por el tratamiento de los residuos de todos los hogares vigueses.
De hecho, llegó a cifrar -con una tabla comparativa incluida- que hace un año y medio el Ayuntamiento pagaba 62 euros por tonelada de basura tratada mientras que, en este ejercicio 2025, la cifra asciende a 104,5 euros. En total, 4,1 millones más, según sus cálculos. «En 2023 la ciudad pagaba a Sogama 6.100.427 de euros, frente a los 10.241.000 actuales, un incremento de 4.140.573 euros, lo que supone un 67,9% más”, informó.
De este modo, llegó a desafiar a Sogama diciendo que si retrotraía la factura, desde Vigo se devolvería el dinero a los vigueses y viguesas. «Si pone el precio por tonelada igual que hace año y medio, bajo la tasa de basura de forma inmediata y le devuelvo el dinero a la gente», soltó.
Y Sogama apunta al Gobierno y a Europa
Esto fue lo que hizo que el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, visitase este mismo lunes la planta de transferencia de Guixar para convocar a los medios de comunicación y explicar in situ los pormenores del incremento del canon y el papel del organismo medioambiental que depende de la Xunta ante la implantación de la Ley Estatal.
Así fue como detalló que debido a la entrada en vigor de la norma nacional en 2023, se vieron obligados a repercutirla en los concellos para los que tratan sus residuos, puesto que la medida generó un ‘agujero’ de unos 30 millones de euros, lo que supuso una subida del canon de 66 a 108 euros por tonelada. Aún así, asumieron 9 millones íntegros esperando que el Gobierno central siguiese la estela de otros países europeos, como Alemania, Irlanda o Finlandia, que no llegan a cobrar la tasa, asumiéndolo ellos mismos.
En el caso de Vigo, Domínguez Lino explicó que, de la subida de 4,1 millones anuales, Sogama paga 2,47 millones y el Ayuntamiento otros 1,68 millones de euros. «El Ayuntamiento ya puede devolver a los vecinos los 2.471.400 euros que está soportando la Xunta de Galicia», le respondió el presidente de Sogama a Caballero tras el órdago lanzado por el regidor días atrás.
Un plan europeo para reciclar más
Con todo, la Directiva Marco de Residuos -publicada en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica así como en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- tiene su origen en el año 2008 pero se reformuló diez años después, en 2018.
Y es aquí, en este mayor y último rango administrativo, de donde deriva todo el enfrentamiento político sobre la nueva tasa de la basura en Vigo. En la norma se expone claramente que «la gestión de residuos en la Unión debe mejorarse y transformarse en una gestión sostenible de las materias con miras a proteger, preservar y mejorar la calidad del medio ambiente, así como a proteger la salud humana, garantizar la utilización prudente, eficiente y racional de los recursos naturales, promover los principios de la economía circular, mejorar el uso de la energía renovable, aumentar la eficiencia energética, reducir la dependencia de la Unión de los recursos importados, crear nuevas oportunidades económicas y contribuir a la competitividad a largo plazo».
Además, detalla que los residuos municipales constituyen aproximadamente entre el 7% y el 10% de los residuos totales generados en la Unión, señalando que los costes de recogida, transporte, tratamiento y eliminación deben recaer en quienes generan esa basura: hogares y empresas, pero matizando que se requiere de un sistema eficaz de clasificación de residuos, es decir, políticas eficientes de reciclaje.
«La gestión de los residuos municipales requiere un sistema de gestión de residuos muy complejo que comprenda un régimen eficiente de recogida, un sistema eficaz de clasificación de residuos y una trazabilidad adecuada de los flujos de residuos, el compromiso activo de los ciudadanos y las empresas, unas infraestructuras adaptadas a la composición específica de los residuos y un sistema de financiación elaborado», reza el documento.
Y añade: «Los países que han desarrollado sistemas eficientes de gestión de residuos municipales obtienen generalmente mejores resultados en la gestión general de residuos, incluso en la consecución de los objetivos de reciclado».
Según los últimos datos, en Vigo se producen más de 350 toneladas de residuos urbanos cada día y apenas un 18% se separa realmente para su reciclaje, estando así muy lejos de llegar a lograr los objetivos europeos que en 2025 deben llegar al 55% y en el año 2035 elevarse al 65%.
«Si Vigo cumpliese con los objetivos de reciclaje que establece la Unión Europea, se ahorraría 3,4 millones de euros que dejaría de pagar a Sogama y que le ingresarían Ecoembes y Ecovidrio», recordó este lunes Javier Domínguez Lino.
El nuevo recibo
Reducir la cantidad de residuos es el objetivo final y mientras no se llegue a esta medida, en Vigo y en el resto de ayuntamientos gallegos, el encarecimiento de la tasa de la basura que, finalmente sufren todos los ciudadanos, se mantendrá para cumplir con la normativa europea mientras los responsables gubernamentales no tomen medidas para frenarla y apuesten realmente por una gestión eficaz que, como impone Europa, debe girar sobre el reciclaje.
Y eso se traduce, en la ciudad olívica, en un recibo que cuenta con una cuota fija que se destina «a sufragar el coste fijo del servicio», cuantificándola en una cantidad fija anual de 94,33 euros por cada vivienda.
A mayores, se incorpora una nueva cuota variable, que se determina por la cantidad de residuos generada en cada vivienda en función del número de personas que la habitan. Dicha cuota es la siguiente:
- Viviendas sin habitantes: 9,50 €
- Viviendas entre 1-3 personas: 29,40 €
- Viviendas entre 4-6 personas: 36,90 €
- Viviendas de más de 6 personas: 43,90 €
Por lo tanto, una vivienda en la que residan tres personas tendrá un recibo de 123,73 euros, una con cuatro personas pagará un recibo de 131,23 euros y una en la que vivan más de seis será de 138,23 euros.
