Aralia, la concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de O Porriño, defiende que tuvo constancia del deseo de la víctima, Teresa, de dejar de prestar servicio en el domicilio donde finalmente falleció en la mañana de los hechos, minutos antes de lo ocurrido.
Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en un extenso documento en el que explica paso a paso su versión del suceso, que terminó con la muerte violenta de una empleada del SAF de O Porriño en una de las casas a las que acudía a manos, presuntamente, del marido de la anciana a la que cuidaba.
Según la compañía, pasadas las 11:30 horas del pasado lunes, el Ayuntamiento les comunicó a través de una llamada telefónica que la hija de una usuaria se había quejado del trabajo de Teresa, debido a que no estaba llevando a cabo algunas de las tareas asignadas. En concreto, la elaboración de la comida.
Por ello, se habló con la empleada, reconociendo ella que era cierto que no cocinaba, ya que el marido de la anciana se encargaba de ello, a petición del propio varón.
En la misma llamada, siempre según indica la empresa, Teresa les habría indicado que estaba teniendo problemas para duchar a la usuaria, ya que en ocasiones se ponía «agresiva», llegando a levantarle la mano. Además, comentó que se trataba de un servicio «complejo» porque el marido de la mujer demandaba «mucha atención».
En una llamada pocos minutos después, se le informó a la víctima de que pasaría a trabajar tres horas más al mes para que tuviese tiempo para la elaboración de la comida en dicha vivienda. También la empresa le solicitó la supervisión del cepillado dental de la anciana.
Día de los hechos
Sin embargo, al día siguiente, el martes en el que ocurrieron los hechos, a las 08.28 horas de la mañana, Teresa habría llamado al equipo de coordinación de Aralia para comunicar su renuncia al servicio.
Preguntada sobre qué había pasado, Teresa indicó que había sufrido una situación de «acoso» por parte del marido de la anciana a la que cuidaba y que no lo iba a permitir. No obstante, «se mostró esquiva en la respuesta, sin ser clara con lo sucedido», verbalizando que no iba a permitir que «nadie la tocase, ni aunque sea un brazo, ni una mano».
Comenta también que parte de su renuncia es causada por la actitud de la anciana, «cada vez más agresiva». Ante esto, se le trasladó a Teresa que se hablaría con la familia para comentarle lo ocurrido.
Durante la llamada con la familia, la hija de la usuaria «no dio mayor importancia a lo sucedido», informándosele de que Teresa no iba a realizar el servicio ese día, según indica la empresa. Sobre las 08:34 horas se habría informado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de lo ocurrido a través de una llamada. Minutos después se comunica a la dirección de la empresa la renuncia de Teresa, informando el responsable del procedimiento a seguir para materializarla.
Poco antes de las 09:30 horas se habla con Teresa para saber si finalmente realizará el servicio, indicando la trabajadora por WhatsApp, cuyas capturas han sido aportadas por la empresa a los medios de comunicación, que ella había renunciado por «acoso laboral» y que les daba «15 días» para solucionar la situación. En los mensajes se ve también cómo el equipo de coordinación de la empresa le explica el procedimiento a seguir para la renuncia.
Después, el yerno de la anciana contactó con la empresa para preguntar por lo ocurrido, comentando este que su suegro «no está bien psicológicamente», estando pendiente una cita con Neurología.
En ese momento, la empresa le comunica que, pese a que se creía que Teresa no acudiría, esta había comunicado que sí y que pese a haber renunciado, dará 15 días de margen para buscar a otra compañera que acuda a esa casa.
El yerno verbaliza que esa misma tarde hablaría con el varón para que no se encuentre en casa mientras está Teresa y que no es la primera vez que le dicen al señor que salga a pasear porque «Teresa lo pone muy nervioso y a él le viene bien».
Fue pasadas las 12.00 horas cuando Aralia recibió una llamada de una de las usuarias de Teresa, que comunicaba que no se había presentado en su casa, pese a tener que estar sobre las 10.10 horas allí. Ante esto, trataron de comunicarse con la víctima, que ya no respondía y a partir de ahí fue la Guarida Civil quien los informó minutos después de que Teresa había fallecido de forma violenta.
Los sindicatos exigen «medidas de protección inmediatas»
Por otra parte, los sindicatos CSIF y UGT han condenado el «asesinato» de la trabajadora del SAF y han exigido «medidas de protección inmediatas».
A través de una nota de prensa, la CSIF ha expresado que con este «crimen» se ha «cruzado una línea roja» y ha recordado que lleva años alertando de las precarias condiciones laborales de las profesionales del SAF.
En esta línea, la entidad ha recordado que los ayuntamientos que gestionan directamente el servicio son los únicos responsables como empleadores, por lo que les exige dejar de escudarse en la infrafinanciación y asumir su obligación de proteger la salud y seguridad de estas trabajadoras.
Por ello, ha reclamado la apertura «inmediata» de procesos de negociación que permitan implementar medidas de seguridad, así como una «correcta valoración de los puestos de trabajo, acorde con la relevancia social del servicio que prestan».
También, la UGT ha realizado un llamamiento a las empresas –mediante un comunicado– para que establezcan las «medidas técnicas necesarias», así como protocolos de acoso y de prevención de riesgos. En resumen, «todo lo necesario para garantizar la seguridad de las trabajadoras del sector».
«Cada domicilio es un centro de trabajo y, por lo tanto, cada uno de ellos debería ser un lugar seguro para todas las trabajadoras», ha subrayado el sindicato.
«Alta vulnerabilidad»
En otro orden de cosas, también la Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (ASGADeD) ha denunciado que actualmente desde los servicios sociales de los ayuntamientos no se puede suspender un servicio de ayuda en el hogar «incluso ante la comunicación de riesgo inminente por parte de la trabajadora», sin antes comunicarlo a la Inspección de Servizos Sociais da Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia y esperar las instrucciones y autorización de esta.
La entidad ha enfatizado que este protocolo «no puede continuar, dado que pone en riesgo la vida de las personas», por lo que debe de modificarse «de inmediato».
En este sentido, ha señalado que los trabajadores desarrollan sus funciones en condiciones de «alta vulnerabilidad», entrando solos en los domicilios «sin información suficiente de las personas a las que van atender, ni medidas suficientes de protección o protocolos efectivos».
Así, han concluido solicitando a las partes implicadas, administraciones competentes y empresas gestoras del servicio a revisión y «aplicación urgente de protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de riesgo que protejan al personal de manera eficaz e inmediata».
La Fegamp abordará la puesta en marcha de protocolos de protección
Otra de las reacciones ante lo ocurrido ha partido de la Federación galega de municipios e provincias (Fegamp), que ha confirmado este miércoles que los órganos del ente municipalista abordarán la puesta en marcha de protocolos de protección para las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar (SAF) tras el crimen de una profesional en uno de los domicilios en los que prestaba servicios en O Porriño.
El presidente de la Fegamp ha confirmado que el ente está estudiando posibles fechas para la celebración de los órganos en los que evaluar este asunto después de que el PP, a través de su portavoz y vicepresidente primero, Ángel Moldes, reclamase que se elabore un protocolo en el que se establezcan criterios comunes y estrategias de actuación ante posibles cuestiones derivadas del ejercicio de su actividad laboral.
También este miércoles, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, reclamó la puesta en marcha de protocolos de prevención y protección de las trabajadoras de este servicio y propuso que la negociación de estos se haga en la comisión mixta entre la Xunta y los ayuntamientos actualmente abierta.
Todo ello después de que el martes trascendiese que una mujer de 48 años, natural de Mos, falleció en una de las casas en las que trabajaba a manos, supuestamente, del marido de la mujer a la que cuidaba.
Tras el suceso, fuentes de la CIG explicaron que la propia víctima habría hablado en la mañana del suceso con el sindicato para informarle de que había sufrido una situación de acoso y que quería renunciar al servicio en la vivienda, por lo que pedía consejo para realizar el trámite.
Además, este miércoles, el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, informó en rueda de prensa que la concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en la localidad, Aralia, era conocedora del rechazo de la víctima a trabajar en la casa donde ocurrió el crimen este martes.
Declaraciones de Losada
Por último, este miércoles ha hablado también el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, quien ha remarcado que «el caso está prácticamente esclarecido».
«Se prevé que hoy (por este miércoles) se entreguen las diligencias en el juzgado correspondiente y el presunto asesino está sometido a vigilancia psiquiátrica y permanece ingresado en el Cunqueiro», ha señalado en un audio remitido a los medios de comunicación.
Losada ha lamentado la «problemática de los enfermos psiquiátricos», con largas esperas para ser atendidos. «La primera consulta se retrasa un año y un año en un paciente psiquiátrico es una bomba de relojería. Es una cuestión sobre la que tenemos que reflexionar», ha manifestado el subdelegado, que ha lamentado también los recortes en el servicio de ayuda en el hogar. «Es un sistema que tiene muchos problemas», ha señalado para reprochar acto seguido el recorte en 17 millones de euros en este servicio por parte de la Xunta.
