La Gerencia de Urbanismo ha dado cuenta este martes de una resolución municipal que hace referencia a una terraza construida ilegalmente sobre una acera en la parroquia de San Paio de Navia, ocupando totalmente el viario e imposibilitando por lo tanto el paso de los peatones.
El cierre data, al menos, desde hace más de cinco años, que fue cuando la Policía Local informó a la Gerencia de Urbanismo sobre la realización de un cierre frente al número 3 de la calle Xuncal, en la parroquia de Navia.
Fue el mes de noviembre cuando la Policía Local emitió un informe sobre la realización de un cierre frontal frente a dicha vivienda, ocupando por completo la acera con un cierre de diez metros de largo por 1,2 de alto realizado con entrepaños de chapa de aluminio y sin ningún tipo de licencia ni comunicación previa sobre la realización de las obras.
El informe fue corroborado por el inspector del departamento, pero no fue hasta abril del año pasado cuando se solicitó un informe a Patrimonio Municipal sobre la titularidad del suelo donde se realizó dicho cierre. Un mes después, en mayo de 2024, la arquitecta municipal dio cuenta de que el vial era de titularidad municipal por lo que se ratificaba, de nuevo, que la terraza ocupaba unos veinte metros de suelo público.
Hace un año, en el mes de junio, se inició el procedimiento para exigir la reposición de la legalidad urbanística en la zona, esto es, la notificación a los propietarios de que debían derribar la terraza y recuperar para el dominio público esos diez metros de acera que habían quedado totalmente inutilizados por las obras.
Los propietarios alegaron presentando el documento de la empresa que realizó el cierre, señalando como propia la titularidad «privada de la acera» y un justificante de la presentación de alegaciones al inventario municipal al respecto de que no está actualizado, pero la resolución dictada el pasado mes de marzo confirma la infracción y subraya que no se acepta ninguna de las alegaciones y, por lo tanto, no es posible legalizar la obra.
Por ello, los propietarios tienen que quitar la terraza en el plazo de un año a contar a partir de ahora. En el caso de que no cumplan con lo ordenado, la Administración tendrá que acometer la obra de forma subsidiaria o forzosa mediante la imposición de multas coercitivas reiterables mensualmente hasta que se cumpla el mandato, en una cuantía que puede oscilar entre los 1.000 y los 10.000 euros, cada una de ellas.
