La magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado la conclusión del concurso del astillero Hijos de J. Barreras, dando por finalizada la fase de liquidación, después de que en 2022 se vendiese la unidad productiva de la compañía a Astilleros Armón por 14,7 millones de euros.
En un auto, la jueza ha acordado el cese de las funciones de la administración concursal y ha aprobado la rendición de cuentas presentada por la misma.
Además, ha requerido a la administración concursal para que aporte el justificante bancario de las transferencias realizadas a cada acreedor.
La jueza indica en la resolución que la administración concursal ha emitido un informe favorable a la conclusión del concurso por haber finalizado la liquidación de los bienes y derechos de la concursada, pues «no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas, sin que las demás partes personadas hayan hecho ninguna alegación».
Asimismo, destaca que la administración concursal «ha rendido cuentas» en los términos legales establecidos, «sin que el deudor ni los acreedores formulasen oposición, por lo que procede declararlas aprobadas, sin que dicha aprobación prejuzgue la procedencia o improcedencia de la acción de responsabilidad de los administradores concursales».
Por todo ello, de conformidad con la ley, la magistrada ha acordado la cancelación de toda inscripción realizada en los registros públicos.
Venta de la unidad productiva de Barreras
De esta manera se pone fin a un proceso que se inició en enero de 2022, cuando la compañía solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores, con el objetivo de poder vender la unidad productiva de forma independiente y rápida, desgajada del resto de activos, deudas y de la propia sociedad, para los que se optaría por la liquidación.
Precisamente cinco meses después, el Juzgado acordó autorizar a la administración concursal la venta de la unidad productiva de Hijos de J. Barreras a favor de la compañía Astilleros Armón Vigo por 14,7 millones de euros, subrogando a 20 empleados, reconociendo que se tuvo en cuenta que «el beneficio de algunos interesados va en perjuicio de otros».
En su resolución, la jueza advertía de que si se mantenía la estructura empresarial existente para evitar la pérdida de puestos de trabajo, se favorecería a los trabajadores de la firma, «pero a costa de los acreedores y de los trabajadores de estos acreedores, que también se ven afectados».
Por ello, de las tres ofertas presentadas en su día para hacerse con Barreras, se optó por atender al «interés del concurso», es decir, «a la satisfacción de los intereses de los acreedores», siendo la oferta que más millones puso sobre la mesa.
