El tira y afloja que Concello y Xunta ha mantenido estos últimos meses a raíz de las obras que la Administración gallega pretendía llevar a cabo en el edificio de los antiguos juzgados de la calle Lalín para destinarlo a Centro de Asociacionismo con una inversión cercana a los 20 millones de euros, acaba de la peor manera posible para los intereses de la primera ciudad de Galicia.
Y es que el presupuesto previsto para la actuación, que se iba a financiar con fondos europeos y propios del Gobierno regional, irá a parar a otra ciudad de la Comunidad gallega.
Así lo confirmó a este periódico el propio conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, durante su visita a las nuevas instalaciones del Registro Civil en el Casco Vello de Vigo.
Y es que el responsable autonómico avanzó este viernes que la Xunta acudirá a la vía judicial para defender la propiedad del inmueble de la calle Lalín al mismo tiempo que dejó claro que, al tratarse de una obra con fondos comprometidos por la UE -lo que conlleva plazos y obligaciones de justificación presupuestaria-, no se podían «quedar parados» dichos recursos financieros.
De ahí, la decisión de rescindir el contrato con la empresa adjudicataria que ya tenían para llevar a cabo los trabajos y que, por un importe final de 18.787.164,61 euros iba a ejecutar la UTE conformada por la constructora ourensana Orega Construcción y Servicios SL y la viguesa XAC (Xestión Ambiental de Contratas, SL).
Esto ya no será así y, además, Vigo no podrá contar con esta inversión. «Se irá a otra ciudad», dijo el conselleiro al ser cuestionado sobre el destino de esos fondos que la Xunta no puede «tener parados».
Túnel de Beiramar, ¿posibilidad?
Aún así, Calvo ratificó el compromiso y la disposición de la Xunta con la ciudad olívica para invertir esta cantidad millonaria en otras obras. Sin embargo, el hecho de «no tener ninguna actuación» encarrilada en estos momentos con el Consistorio vigués y que pueda desarrollarse en un breve período de tiempo es lo que hace que la inversión acabe, con toda probabilidad, en otra ciudad gallega.
Con todo, el conselleiro puso el foco en proyectos que, a día de hoy, están encima de la mesa de ambas administraciones y en las que se pretende colaborar, como es el caso del túnel de Beiramar pero que, sin embargo, no pasan del papel a la realidad.
Y en este caso concreto, la falta de avances entre Concello y Xunta sin poder celebrarse, ni siquiera, la Comisión de Seguimiento en Infraestructuras creada para tal efecto, hace prácticamente imposible su destino en Vigo con el objetivo de redirigir la financiación a este tipo de obras. «Si con el túnel de Beiramar hubiese avances y un acuerdo claro, podría ser, pero no los hay», sostuvo Calvo.
Urbanismo ratifica la suspensión
Mientras, la Gerencia de Urbanismo ratificó en su sesión de este martes, 6 de mayo, la suspensión de la licencia municipal otorgada en noviembre del pasado año 2024 a la Xunta para ejecutar la obra del Centro de Asociacionismo en la parcela de la calle Lalín.
De este modo, y tras una larga exposición jurídica, los servicios urbanísticos municipales resuelven «dejar sin efecto» de forma definitiva y «hasta la terminación del expediente administrativo incoado» la autorización de obras.
Y se basan en que está «acreditada la titularidad registral del Concello» sobre la finca en la que se levanta el edificio matizando que «solamente su uso» es lo que el Ministerio de Justicia transmitió a la Xunta de Galicia.
«El Ministerio de Justicia no tuvo nunca más derecho que la autorización de uso de la parcela municipal y solo para la construcción de los Juzgados. Nunca se cedió por el Ayuntamiento la propiedad de la parcela y, por eso, no consta ningún acuerdo municipal, ni ningún documento público en la que dicha cesión se formalizara», reza el informe del expediente municipal que pasó por el Consello de la Gerencia de Urbanismo.
Pero va más allá, incluso, con la falta de «consentimiento» por parte del Concello en este trámite: «Ni que decir tiene que en el Decreto de Transferencia Ministerio-Xunta de Galicia, ninguna participación del Ayuntamiento y, por tanto, ningún consentimiento, tampoco, por su parte».
Por último, y como este viernes recordó el propio conselleiro Diego Calvo, desechan las alegaciones presentadas por el Gobierno gallego al respecto al tiempo que pasan muy por encima el proceso para cambiar la titularidad de la parcela en el Catastro, resolviendo este «no alterar la inscripción a favor de la Xunta».
