La magistrada presidenta de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha expulsado de la sala a Juan Carlos Santórum, el considerado cabecilla del grupo que organizó el alijo de 3,8 toneladas de cocaína del buque Karar, después de que este acusado llamase «corrupto» y «narcopolicía» al principal testigo policial en este juicio, un exjefe de GRECO Galicia que está actualmente investigado por un juzgado de Murcia por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
El testimonio de este policía, que dirigió en ese momento (abril de 2020) el operativo contra Santórum y su entorno por el transporte de la droga en ese buque, era el más esperado en el juicio, pero Juan Carlos Santórum no ha podido escuchar más que unos minutos de su declaración, al ser expulsado por la jueza.
Así, pocos minutos después de que el Fiscal iniciase su interrogatorio, Santórum se dirigió al testigo (que declara protegido tras un biombo) para llamarle «corrupto» y «trampón». La magistrada reprobó al acusado su comportamiento y, tras excusarse él alegando que estaba «pensando en alto», la jueza le advirtió de que debía guardar silencio.
Instantes después, Santórum volvió a expresarse en voz alta, para referirse al testigo: «Dice tantas trampas que no se entera, no se le entiende». En ese momento, la magistrada ha ordenado que salga de la macrosala hasta nueva orden.
Mientras se levantaba y se marchaba, el principal acusado ha seguido increpando al testigo, al grito de «corrupto» y «narcopolicía». «Es un narcopolicía, ¿qué hace en una sala de juicio? Fue él quien trajo el Karar, no nosotros, que quede claro», ha proclamado.
Junto a Santórum se sientan en el banquillo como acusados otras 27 personas, varias de ellas del entorno del arousano. También están procesados un exagente de Aduanas y su mujer, un ciudadano colombiano, un constructor de embarcaciones y los 15 tripulantes del buque Karar (uno de ellos gallego).
Para Santórum, la Fiscalía pide penas que suman 18 años y medio de prisión, y para el resto de acusados, penas que suman 13 años y medio de cárcel (dos años más para el ciudadano colombiano, por tenencia de armas). En el caso del exagente de aduanas y su mujer, la petición de pena se eleva a 19 años y medio de cárcel, porque también les atribuye un delito de blanqueo.
