El sistema de ‘adaptación a lectura fácil’, disponible en los juzgados de Galicia desde 2019, se ha convertido en una herramienta «clave» para hacer realidad el concepto de Justicia Inclusiva y, según los expertos, tanto del ámbito jurídico como social, «puede suponer la diferencia entre una situación de indefensión y una de comprensión y plena consciencia» de una resolución que afecta a la vida de una persona con discapacidad.
El servicio, disponible en virtud de un convenio firmado -que se renueva anualmente– entre la Xunta y Fademga Plena Inclusión (que aglutina asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo), permite adaptar documentos jurídicos a un modo de ‘lectura fácil’, es decir, que sea comprensible para esas personas.
En los últimos días se ha dado a conocer un ejemplo de cómo funciona esa herramienta, aunque no es el primero ni el único. Así, el juzgado de lo Social 2 de Vigo dictó una sentencia pionera en la que reconoce a una persona con discapacidad su derecho a percibir una pensión de orfandad, pese a habérsela negado la Seguridad Social, ya que los informes médicos evidencian que no tiene capacidad para trabajar.
Para su comprensión, la sentencia está dividida en varias partes, bajo diferentes epígrafes: «¿qué es este documento?, ¿por qué presentaste una demanda en el juzgado?, ¿qué hizo el juez para tomar sus decisiones?, ¿qué dicen todos estos documentos sobre ti?, ¿qué explica el juez en esta sentencia?, ¿qué decisiones explica el juez?, ¿qué pasa si no estás de acuerdo con esta sentencia?».
El documento explica por qué el juez, Germán Serrano (que además de decano de los juzgados de Vigo es delegado de discapacidad de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG), ha adoptado esa decisión e incluso expone el motivo por el que el magistrado solicitó la adaptación de su resolución: «La lectura fácil es una forma de escribir para que los documentos sean más fáciles de entender. El juzgado pidió esta adaptación porque tienes derecho a entender la información que afecta a tu vida», recoge la sentencia.
Proceso de adaptación y validación
Para que un documento sea ‘adaptado’ debe haber una solicitud por parte del juzgado, pero no necesariamente del juez o jueza, también puede hacerlo la Fiscalía o la propia persona interesada, a través de su representante procesal, que debe transmitir esa solicitud al tribunal. A partir de ahí, el documento (sentencias, autos, resoluciones de medidas, etc.) pasa a Fademga, donde su equipo se encarga de hacer la conversión a modo de lectura fácil.
Según ha explicado a Europa Press Sheila Varela, técnica de integración social de Fademga y encargada de este servicio en el ámbito jurídico, el trámite no pasa solo por ‘traducir’ el documento a términos comprensibles, sino que se lleva a cabo un cuidadoso proceso de validación por parte de varias personas con discapacidad o problemas de comprensión lectora «para asegurarse de que, realmente, la adaptación se entiende, y han comprendido los términos del documento y sus consecuencias».
Todo ese proceso está supervisado también en Fademga por un jurista, antes de enviar de vuelta el documento al juzgado para que constate que, efectivamente, la adaptación se corresponde con la decisión judicial adoptada.
«Disponible y gratuito», pero no muy utilizado
Con todo, y a pesar de la utilidad de este servicio, que defienden tanto desde Fademga como desde los juzgados, su utilización no está todavía muy extendida. Así, en este 2024 se remitieron a Fademga 67 solicitudes de adaptación de documentos, de las que pudieron resolverse unas 40, en base a los recursos de los que dispone la propia Federación. «Es muy importante que los juzgados lo reclamen y que la gente sepa que está disponible, que es gratuito», ha incidido Varela.
La herramienta está enfocada a personas con discapacidad y, mayoritariamente, es requerida desde la jurisdicción de Familia, desde donde se adoptan la mayoría de decisiones relativas a la situación de este colectivo, pero también puede solicitarse en otros ámbitos judiciales, como el Social o incluso el Penal, ya que «las personas con discapacidad pueden estar inmersas en cualquier proceso judicial, en el que se acuerdan medidas que afectan a su vida, ya sea una curatela o tutela, o una condena penal».
De hecho, ha explicado Sheila Varela, Fademga ya detectó hace años la necesidad de un servicio como éste, en su contacto con reclusos con discapacidad, al percibir que «muchos de ellos no entendían la condena, los procesos de recurso, ni los documentos». Así, entre los documentos adaptados por estos profesionales, se incluyen «procedimientos enteros» porque los afectados no deben comprender solo las sentencias, sino también el resto de informes y resoluciones que concluyen con un fallo determinado.
Por todo ello, ha reclamado que «se difunda más» esta herramienta que, junto a otras medidas, como la figura del «facilitador» (que hace acompañamiento a personas con discapacidad en el ámbito judicial), permite evitar la «indefensión» de este colectivo. «Está en la ‘intranet’ de la Xunta, pero no es muy visible», ha lamentado, al tiempo que ha reclamado también «más recursos» para que haya más capacidad de respuesta ante las solicitudes de los juzgados.
«Ser proactivos» para extender su uso
El magistrado Germán Serrano, por su parte, ha coincidido en subrayar la utilidad de esta herramienta y la importancia de que sea difundida y promovida, especialmente ahora que el marco normativo español, siguiendo las directrices de la Convención de Nueva York (2016), hace hincapié en que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos y las administraciones deben apoyarlas para que puedan ejercerla.
Por ello, ha incidido en la necesidad de que todos los operadores jurídicos sean conscientes de la existencia de este servicio, en cuanto detecten una situación de «indefensión» o «vulnerabilidad» que afecte a las personas con discapacidad, que también deben implicarse: «Todos tenemos que ser proactivos».
«Piedra de toque»
Serrano también ha remarcado que hacer uso del servicio de adaptación a lectura fácil «no ralentiza ni sobrecarga» los juzgados y ha recordado que, al fin y al cabo, la Administración de Justicia se ejerce «con espíritu de servicio público».
Por otra parte, facilitar la comprensión de documentos a las personas cuya vida puede verse condicionada por una decisión judicial, facilita su acceso a la Justicia y «una conexión más directa con el tribunal, sin intermediarios».
«El convenio con Fademga está encaminado a las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual pero, por otra parte, esto también nos puede servir de ‘piedra de toque’ para reflexionar sobre cómo intentar hacer las resoluciones judiciales, las decisiones jurídicas, comprensibles para todas las personas implicadas. No solo para los representantes legales, que se les supone un rigor técnico para conocer lo que dice una sentencia, sino también para la persona a la que va dirigida», ha subrayado.
El magistrado ha recordado que las últimas reformas legales dan «preeminencia» en los procesos a personas con especial vulnerabilidad, como personas con discapacidad, pero también personas mayores, y «desde los órganos gubernativos (decanatos, presidencias de Audiencias, salas de gobierno, etc.) se debe ir dando un cauce más cercano para el acompañamiento a las personas que van a un juzgado», especialmente en el caso de víctimas y personas vulnerables por edad o condición. «Que cuando sea necesario, también un juzgado o una sede judicial pueda ser un lugar amable dentro de nuestras posibilidades», ha proclamado.
