El hombre acusado de dos delitos de homicidio imprudente, y de los delitos de estragos imprudentes y riesgo, por la explosión de un almacén clandestino de material pirotécnico en Tui, Francisco G.L., se sentará este jueves en el banquillo de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra, aunque hace meses que las partes han llegado a un acuerdo y el procesado aceptará una pena de 4 años de cárcel, frente a los 14 años que la Fiscalía pidió en su escrito de conclusiones provisionales.
El siniestro ocurrió en la tarde del 23 de mayo de 2018, cuando se produjo una gran explosión en un local del barrio tudense de Paramos, donde el acusado almacenaba de forma irregular «no menos» de 2.500 kilos de material pirotécnico.
La explosión arrasó la zona y provocó el fallecimiento de un matrimonio de origen marroquí, que dejó dos hijos huérfanos. Además, casi 40 personas tuvieron lesiones, se registraron daños en más de 400 viviendas e inmuebles, en 83 vehículos y diversos servicios municipales (que el Ayuntamiento fijó en más de 720.000 euros por la reposición de esos servicios).
El responsable del almacén clandestino, titular de la pirotecnia La Gallega –que posteriormente fue demolida por irregularidades urbanísticas–, fue detenido por estos hechos y puesto en libertad como investigado por el juzgado de Tui.
Sin embargo, pocos días después, en los registros realizados en varias de sus propiedades, la Guardia Civil localizó otros tres ‘zulos’ o almacenes, en los que Francisco G.L. había hecho acopio de toneladas de material explosivo y pirotécnico, fuera de todo control y registro.
Por ello, fue detenido por segunda vez y, tras comparecer ante el juzgado de nuevo, se decretó su ingreso en prisión provisional. El investigado estuvo privado de libertad desde el 29 de mayo de 2018 hasta el 11 de marzo de 2019.
Delitos y acuerdo
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía lo considera autor de un delito imprudente de estragos, dos delitos de homicidio por imprudencia y 28 delitos de lesiones, y tres delitos de riesgo. Por estos hechos pidió inicialmente penas que suman 14 años de cárcel, pero en abril pasado se llegó a un acuerdo y el procesado reconocerá los hechos en la vista de este jueves, y aceptará 4 años de prisión.
Además de la pena privativa de libertad, el acuerdo incluye la inhabilitación para oficio o profesión relacionada con la actividad pirotécnica durante 18 años, y una medida de alejamiento de la ‘zona cero’ de la explosión, de manera que no pueda acercarse a menos de un kilómetro durante 6 años.
Con respecto a la responsabilidad civil, ni el acusado ni la aseguradora de la empresa pirotécnica cuestionan las cuantías, aunque deberán ser fijadas judicialmente. La plataforma de afectados estima que los daños superan los 12 millones de euros.
